sábado, 6 de septiembre de 2014

“Europa impone un impuesto al préstamo de libros en las bibliotecas públicas”










El 18 de Julio de 2014 se ha aprobado el Real Decreto 624/2014 que regula el impuesto al préstamo de libros por parte de las bibliotecas en España. Bueno a: 


“… a los préstamos de obras protegidas por derechos de autor …” ,

lo que incluye películas, música, libros electrónicos… y no sólo a los préstamos de las bibliotecas sino a los


“…  realizados en museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español. …”

En cuanto se aprobó por el parlamento europeo la directiva 2006/115/CE  sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, que obliga a los estados miembros a cobrar impuestos a estos préstamos (en caso de no aplicarse el estado es sancionado económicamente de forma recurrente hasta que lo haga) se organizó una fuerte contestación, que el artículo, que sigue a esta entradilla, firmado por Maribel Marín, publicó el 18 de Marzo de 2007 (HACE SIETE AÑOS) en el periódico El País da buena cuenta de ello. Parte de esta resistencia se plasma en la página web: http://noalprestamodepago.org. Donde se puede encontrar la totalidad del real decreto que nos ocupa.





¿Quién está obligado a pagar este impuesto?


Las entidades titulares de las bibliotecas: ayuntamientos, comunidades autónomas…  pero nada impide que posteriormente se pueda legislar el pago obligatorio de los usuarios que soliciten el servicio de préstamo. En honor a la verdad no se espera una regulación de este tipo… por ahora. En resumen los lectores no van a pagar por pedir prestado un libro en una biblioteca pública.


El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica desde 1986 bianualmente las Estadísticas de Bibliotecas, el último se publicó en Diciembre de 2013 con la información de 2010-2012. En España había 6.835 bibliotecas. El 88% públicas, básicamente de administraciones locales: 62% el restante 26% muy repartido. El 12% de bibliotecas privadas ya están sujetas a la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto 1/1996 aprobado el 12 de Abril de 1996… por lo que ya debería venir pagando un canon.


El impuesto (el hecho generador) tiene dos partes:


1.- Cada obra que se preste paga 0,004€.


“…La parte de la cuantía que toma como base el número de obras sujetas a derechos de autor puestas a disposición con destino a préstamo, se obtendrá multiplicando por 0,004 euros el número de obras que han sido objeto de préstamo en cada establecimiento en el año correspondiente.  …”

Según el INE se han prestado 83,13 millones de obras. Si asumimos que en 2015 será igual y que estos préstamos se realizan homogéneamente entre todas las bibliotecas, tanto públicas como privadas. Es decir solo tributará el 88% (las públicas) de estos préstamos. Supone un pago de 292.618€.


2- Cada usuario del servicio de préstamo paga 0,05€.


“…La parte de la cuantía relativa al número de usuarios efectivos del servicio de préstamo se obtendrá multiplicando por 0,05 euros el número de usuarios inscritos anualmente en cada establecimiento que hayan hecho uso efectivo del servicio de préstamo en el año correspondiente. …”.

Según el INE en 2012 hay 20,38 millones de usuarios registrados, lo que supone que cada uno pide en media 4 obras. Si suponemos que para el 2015 esto se mantendrá y de nuevo es homogéneo su reparto entre públicas y privadas (lo del 88% anterior), supone un pago de 896.720€. 


El total sería 1.189.338€, el 25% originado por los obras y el 75% originado por los usuarios.


No son grandes cantidades de euros.



¿Cuándo entra en vigor?


El Real Decreto entro en vigor el 1 de Agosto de 2014 cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La parte del impuesto por usuario ya está en vigor. Sin embargo por obra prestada (recordamos que es la de menor impacto económico, un 25% del total) entrará en vigor el 1 de Enero de 2016. Pero transitoriamente es sustituido por otro impuesto, que cesará el 1 de Enero de 2016.


3.- Cada nueva obra adquirida por la biblioteca pagará 0,16€.


“…el cómputo se obtendrá multiplicando por 0,16 euros el número de obras adquiridas anualmente a tal efecto en cada establecimiento. …”

Según el INE, del 2010 al 2012 se incrementó el número de obras en 20,19 millones. Si suponemos que en 2015 se incrementará en la misma cuantía, esto es 10,095 millones. Y suponiendo lo del reparto proporcionalmente entre públicas y privadas (lo del 88%), supondrá un pago de 1.243.706€.

Es decir y suponiendo que 2016 será idéntico a 2015:


En 2015           Nuevas obras              1.243.706

                        Usuarios                        896.720

                        Total                           2.140.426



En 2016           Obras prestadas            292.618

                        Usuarios                        896.720

                        Total                           1.189.338 


Pues poco “interés” va a haber por que entre en vigencia el criterio de obras prestadas… en lugar de obras adquiridas.


¿Quién lo recauda/ingresa?


Pues no lo hace la Agencia Tributaria (lo que venimos llamando Hacienda)… lo hace las entidades de gestión de derechos de autororganizaciones “privadas” y muy desprestigiadas en España (lo difícil es encontrar algo que no lo esté) fruto de la pésima gestión de una de ellas: la SGAE y donde su anterior presidente Teddy Bautista, se apropió indebidamente de 26,4 millones de euros. Como mínimo el criterio de reparto de los fondos a los autores de las obras, que estas organizaciones ingresan, genera muchas dudas en los beneficiarios. En resumen, es de prever que en unos años tendremos nuevos escándalos de corrupción en estas organizaciones y en las nuevas organizaciones que surgirán al calor de estos nuevos ingresos. 



¿Hay excepciones?, Si tres


1.- No pagarán aquellas bibliotecas de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.


“…Los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, incluyendo los servicios móviles cuando realicen el préstamo en dichos municipios. …”

2.- Las bibliotecas de los colegios, institutos y universidades.


“…Las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español. …”

3.- Cuando el usuario sea un discapacitado.


“…El préstamo en beneficio de personas con discapacidad, …”

El INE no desagrega esta información entre bibliotecas en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, ni cuantas pertenecen al sistema educativo español. Aunque si indica que las bibliotecas universitarias suponen el 2% del total. Tampoco se conoce el grado de discapacidad de los usuarios. Por lo tanto los importes calculados deben tomarse como cuotas máximas. Nótese que los cálculos realizados sólo han tenido en consideración las bibliotecas. No se han considerado las escasas fonotecas, filmotecas, hemerotecas… de titularidad pública que realizan préstamos de obras.


Pues… uno sospecharía que muchas bibliotecas van a migrar sus sedes centrales a ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes (pero no sus salas de lectura), que muchos ayuntamientos van a querer adscribir sus bibliotecas a los colegios, que se van a prestar muchos menos libros que antes y que en caso de prestarse los van a pedir siempre los mismos… que curiosamente tienen algún tipo de discapacidad… y ahora que vengan las SGAE y demás organizaciones hermanas a verificar las bases de datos de los préstamos de las bibliotecas públicas… que seguramente se volverán a llevar a mano… ya que los recortes de sus presupuestos no les permitía mantener los ordenadores. En un país donde se investiga judicialmente si el presidente del gobierno es un “sobrecogedor”, donde se inventó la picaresca y donde la desafección a todo lo que huele a política es máxima: más que probablemente los españolitos de a pie van a mirar con agrado que se defraude sistemáticamente en esta cuestión.



Las bibliotecas son un fenómeno en retroceso, al menos en su configuración actual: un depósito de libros con salas de lectura. Una gran cantidad de sus usuarios las usan como sala de estudios y no llegan a usar, en ningún momento, las obras allí disponibles. Este nuevo gravamen viene a apuntillar la ya precaria salud de las bibliotecas públicas, con presupuestos menguantes y con menos usuarios. Y el problema es que cada vez se lee menos. En la economías desarrolladas, el ocio se reparte entre un número creciente de alternativas que están ganando claramente a la lectura. Las nuevas generaciones de lectores potenciales prefieren: ver cine, series u otros programas en la televisión y/o en la nueva ofertas de gadgets tecnológicos con esas atribuciones, jugar a videojuegos, navegar por internet, socializar en las redes sociales, chatear en sus móviles de última generación, hacer deporte o socializar a la antigua usanza: de forma presencial. Los poquitos que prefieren leer, tienen renta suficiente para adquirir la obra formalmente o conseguirla por canales, digamos, informales. Pocos y cada vez menos, van a ir a las bibliotecas a pedir prestado el libro. Un efecto secundario de ser más ricos… por mucho que la crisis nos haya hecho retroceder 20 o 30 años.

Aun sabiendo que la medida viene impuesta por nuestra pertenencia a la Unión Europea y que por tanto, ya perdimos hace tiempo esa autonomía decisoria. Sabiendo  que la magnitud económica de la que hablamos es escasa y que su importancia futura va a ser menguante, no puedo dejar de sentir un profundo rechazo, que nace en férreas convicciones, trasnochadas quizás, pero convicciones al fin y al cabo.


Les dejo con cómo se veía la cuestión hace siete años, no sin antes recordarles aquello de: “
cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Las cuestiones que afectan a las bibliotecas en Latinoamérica en general y venezolanas en concreto ya lo ha abordado el blog en varias interesantes entradas:





*******


El 'impuesto a las bibliotecas' desata la protesta



Escritores, intelectuales y artistas se movilizan contra el canon que impone la UE al préstamo de libros

 

Maribel Marin
 Madrid 18 MAR 2007
La compensación por los derechos de autor ha abierto en los últimos tiempos dos nuevos frentes. Uno, el canon por préstamo bibliotecario. España -en medio de las protestas de creadores, bibliotecarios y profesores- debe imponer ese gravamen que ya existe en otros países de la UE si no quiere pagar una cantidad mucho mayor: 300.000 euros diarios de multa impuesta por el Tribunal Europeo. El otro canon, el digital, enfrenta a los ministerios de Industria y Cultura. Ambos deben ponerse de acuerdo antes del 25 de marzo en la cantidad que hay que pagar por los dispositivos electrónicos que permiten copiar obras culturales. Este plazo puede alargarse por la presión que ejercen la industria y las entidades de gestión.
José Luis Sampedro, Andreu Buenafuente, Luis Eduardo Aute y otros rostros conocidos del mundo de la cultura han decidido batallar contra la imposición del canon por préstamo bibliotecario, aunque éste no beneficie precisamente su cuenta corriente. No entienden que Europa obligue a gravar la lectura de libros, la escucha de discos o el visionado de películas en estos centros por mucho que sea en concepto de derechos de autor.


"Nos negamos a servir de coartada a esta nueva maniobra de mercantilización de la cultura", argumentan. Por eso han dado su apoyo a la plataforma contra el préstamo de pago que se moviliza contra una medida inevitable. España está obligada a imponer un canon estimado en 1.600.000 euros anuales, y cuanto antes. Si no, el Tribunal Europeo -que le condenó en octubre de 2006 a 300.000 euros diarios de multa por incumplimiento de directiva- podría ejecutar su sentencia. Así las cosas, los partidos negocian in extremis la forma de incluirlo en la futura Ley del Libro, que se debatirá el próximo miércoles en la comisión de Cultura del Congreso y que podría estar aprobada en junio.


Las bibliotecas (el 96% son municipales) y mediatecas españolas prestaron el año pasado 44 millones de obras, en su mayoría (30 millones), libros. Y los autores nacionales, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la UE (como Francia, Reino Unido, Dinamarca y Letonia) no vieron un euro por el derecho derivado de lectura. "España transpuso en 1994 la directiva [de 1992]", explica Concepción Becerra, secretaria técnica del Ministerio de Cultura. "Pero excluyó a tantas bibliotecas que Europa la declaró mal aplicada e inició un procedimiento sancionador", que ha acabado en condena.

Todavía no se ha resuelto su aplicación. Pero si quedara plasmada la enmienda del grupo socialista, cada creador o editor (en el caso de creaciones colectivas, como enciclopedias) recibiría 20 céntimos a través de su entidad de gestión por cada ejemplar comprado con destino a una biblioteca. Quedarían exentas las salas de municipios de menos de 5.000 habitantes y las del ámbito educativo. Todo esto, hasta que se apruebe el decreto que debe fijar la cuantía de la remuneración y los mecanismos para hacerla efectiva. El PP exige que se le ponga fecha a ese desarrollo normativo.

 
En cualquier caso, es un dinero que no saldrá ni del bolsillo de los usuarios ni de los presupuestos de las bibliotecas. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, no se ha cansado de repetirlo y Becerra lo hace de nuevo. "Los que van a estar obligados al pago van a ser los titulares de esos establecimientos", explica, en la línea de lo estipulado en la enmienda socialista: "El Estado, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales podrán acordar los mecanismos de colaboración necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración".

 
Este modelo de aplicación del canon por obra comprada es el que practica Francia. No así otros países europeos, que gravan los préstamos. "En CEDRO [Centro Español de Derechos Reprográficos] pensamos que este último sistema sería el más lógico", afirma su vicepresidente primero, Juan Mollá. Para los autores y editores, resultaría, además, más rentable: cinco millones de euros frente a los 1,6 manejados por Cultura. "No es una cuestión de dinero", dice Mollá. En esto coincide con el secretario general de la Asociación Colegial de Escritores de Catalunya, José Luis Giménez Frontín: "Es calderilla. Se trata de una cuestión de principios, de respeto al derecho de propiedad intelectual".

 
La plataforma contra el canon, promovida por un grupo de bibliotecarios, profesores y creadores, cree que ya se les reconocen suficientemente sus derechos de autor. Y que se los pagan cada vez que se compra un libro. Se oponen porque supone un doble obstáculo: para las bibliotecas, a las que "les está costando mucho trabajo remontar un retraso de 40 años de dictadura"; y, también, para el fomento de la lectura en un país en el que los índices son bajos y en el que además no se llega a la ratio deseable de tres libros por habitante en los centros de préstamos (se queda en uno).


Blanca Calvo, consejera de Cultura de Castilla-La Mancha e impulsora de este movimiento contestatario cuando era directora de la Biblioteca de Guadalajara, cree que existen muchos intereses de por medio. "La directiva es de la Dirección General del Comercio Interior, que piensa que prestar libros reduce las compras. Y eso es mentira". Desde CEDRO, la responden: "El pago por préstamo no tiene como finalidad resarcir a los autores por posibles ventas de sus obras que se dejen de realizar, sino remunerarles por un determinado uso de ellas". Además, añaden: "Es indudable el papel cultural que desempeñan las bibliotecas y los beneficios que su trabajo reportan a los autores (...) Pero eso no debe eximirlas de cumplir otras obligaciones derivadas de la propiedad intelectual".



Calvo es consciente de que las autoridades españolas están atadas de pies y manos. Por eso propugna desde su consejería que si no queda otro remedio se pague el canon, pero a través de una oficina pública, no de las entidades de gestión. Su objetivo sigue siendo, en todo caso, que se pida una moratoria y que se renegocie la directiva apelando a la excepcionalidad cultural de un país muy alejado todavía de los parámetros saludables de lectura.

Es lo que trata de hacer también la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) a través de su cabecera europea EBLIDA. "La realidad es que no todos los países de la UE han tenido la misma evolución. Y al final el canon se planteó en su momento para proteger la cultura, para que el autor recibiera una ayuda", afirma Miguel Ángel Esteban, su presidente. "Y en España no hay canon, pero sí ayudas muy elevadas a la edición que no existen en otros países".



La oposición al canon que ejercen FESABID y la plataforma No al préstamo de pago ha tomado dos caminos distintos. Ante la sentencia condenatoria, el primero ha optado por colaborar con el ministerio sin renunciar a su objetivo de lograr la exención de pago por préstamo público. La plataforma ha decidido intensificar sus movilizaciones: manifiestos, recogidas de firmas y reparto de postales para que los usuarios de bibliotecas envíen a los grupos parlamentarios.

  El canon es inevitable (además de en España) en Bélgica, Italia, Portugal, Luxemburgo e Irlanda, países también condenados por obstaculizar la armonización europea. El debate sigue en la calle.

 Tomado de el País


*******

by PacoMan

En 1968 nace. Reside en Málaga desde hace más de tres lustros.


Economista y de vocación docente. En la actualidad, trabaja de Director Técnico.


Aficionado a la Ciencia Ficción desde antes de nacer. Muy de vez en cuando, sube post a su maltratado blog.



Y colabora con el blog de Grupo Li Po




No hay comentarios:

Publicar un comentario