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jueves, 3 de noviembre de 2022

El honrado Reino Unido en 1868 robó tesoros a Etiopía y en el 2018 ofreció prestárselos.

"El patrimonio africano no puede estar en colecciones y museos privados europeos”


Un manuscrito de Magdala, Etiopía, en posesión de la Biblioteca Británica. Crédito: James Jeffrey/IPS



Polémica por exposición británica de artefactos robados a Etiopía


Por James Jeffrey

LONDRES, 24 abr 2018 (IPS) - La exposición de antiguos tesoros robados a Etiopía en el famoso museo londinense de Victoria y Alberto reavivó el debate sobre dónde deberían estar los artefactos y sobre el imperialismo de Occidente en África.

La muestra incluye 20 artefactos de la realeza y religiosos robados en la batalla de Magdala, en 1868, cuando las fuerzas británicas sitiaron la fortaleza montañosa del emperador Teodoro II.

Tras su triunfo, los británicos tomaron lo que quisieron, y no se conoce realmente la dimensión del botín. Dentro de la Biblioteca Británica hay cientos de hermosos manuscritos robados.

El argumento para su devolución puede parecer obvio, pero hay cuestiones legales relacionadas con la responsabilidad de los museos como guardianes del patrimonio mundial, así como sobre la mejor forma de exponerlo al público, que complican la situación.

“Los museos tienen la responsabilidad de comprender mejor sus colecciones, de revelar las historias y los relatos detrás de los objetos y de mostrar las personas y las sociedades que marcaron su camino”, explicó Tristram Hunt, director del museo Victoria y Alberto.

“Con ese fin, queremos reflejar mejor la historia de esos artefactos en nuestra colección, rastreando sus orígenes y haciendo frente a las difíciles y complejas cuestiones que plantean”, añadió.

El sitio de Internet del museo describe la colección de tesoros etíopes como “perturbador recordatorio de los procesos imperiales que permitieron a los museos británicos adquirir bienes culturales de otros”.

Por ello, esfuerzos como los de Richard Pankhurst, reconocido investigador y de los más prolíficos en estudios etíopes, quien ayudó a crear la Asociación para el Retorno de los Tesoros Etíopes de Magdala (Afromet, en inglés) y concentrar sus esfuerzos en unos 350 manuscritos que terminaron en la Biblioteca Británica.

“No se sabe bien lo que pasó”, explicó Pankhurst antes de su muerte en 2017. “Los soldados pudieron agarrar lo mejor de lo mejor de lo que tenía Etiopía para ofrecer. La mayoría de los etíopes nunca han visto manuscritos de esa calidad”, acotó.

Teodoro rastreó el país en busca de los más finos manuscritos y recolectados en Magdala para una gran iglesia y biblioteca que planeaba construir.

“Son tan lujosos porque fueron hechos para reyes”, indicó Ilana Tahan, curadora de estudios hebreos y cristianos de Oriente de la Biblioteca Británica, cuyo personal se toma muy en serio su papel de guardianes, así como quienes tratan de devolver los manuscritos a Etiopía.

Carátula de uno de los manuscritos de Magdala, Etiopía, en manos de la Biblioteca Británica, en el que se lee: Pres. (Presentado) por S.A. la reina (Victoria), el 21 de enero de 1869. Crédito: James Jeffrey/IPS.



“Es verdad que el grado de cuidado y calidad de los británicos es mucho mejor que el nuestro, pero si va al Instituto de Estudios Etíopes, donde tenemos algunos artefactos de Magdala devueltos anteriormente, verá lo bien que están preservados y expuestos al público”, observó Andreas Eshete, expresidente de la Universidad de Adís Abeba, donde está el instituto, y otro fundador de Afromet.

“Esos manuscritos están entre los mejores del mundo y es uno de los ejemplos de manuscritos indígenas de África, y los historiadores deben estudiarlos con sumo cuidado”, acotó.

Teodoro, de hecho, admiraba a Gran Bretaña, e incluso esperaba que lo ayudara a desarrollar su país. Pero cuando interpretó como un desaire la falta de respuesta de la reina Victoria a una carta suya, decidió apresar a un pequeño grupo de diplomáticos británicos, lo que motivó una misión de rescate del general Robert Napier con unos 32.000 hombres.

El lunes 13 de abril de 1868, cuando los triunfantes británicos estaban en el valle que rodeaba su reducto en la cima de la montaña de Magdala y a punto de lanzar su ofensiva final, Teodoro tomó una pistola, de hecho un regalo de la reina Victoria, y jaló del gatillo.

En la actualidad, Teodoro sigue siendo venerado en Etiopía por su inquebrantable convicción en el potencial de su país. Mientras, el saqueo de Magdala continúa incitando los esfuerzos de Afromet y de otros que siguen a Pankhurst.

“Richard no tuvo éxito con los manuscritos de la Biblioteca Británica, se devolvieron numerosas cruces y manuscritos de colecciones privadas”, relató su hijo, el también historiador Alula Pankhurst.

La familia del general Napier devolvió hace poco un collar y un pergamino al Instituto de Estudios Etíopes, acotó.

“Mi padre diría que los artefactos deben devolverse porque fueron robados”, indicó Alula.

“Ahora existe la tecnología disponible para realizar copias (de manuscritos) que no se distinguen de los originales y los microfilmes hacen que se puedan retener las copias”, apuntó.

Pero el mismo argumento de la tecnología lo emplean quienes creen que los manuscritos pueden permanecer donde están.

“Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de usar las posibilidades de la tecnología digital para mejorar el acceso del público mundial al patrimonio intelectual que salvaguardamos”, arguyó Luisa Mengoni, directora de las colecciones asiáticas y africanas de la Biblioteca Británica.


La institución sigue realizando esfuerzos para que los manuscritos sean accesibles al público mediante nuevas exposiciones. Y en los próximos dos años, tiene previsto digitalizar 250 manuscritos de colecciones etíopes; ya hay 25 disponibles y completos en línea, por primera vez gracias al sitio Manuscritos Digitalizados.

“Las obras de arte sufren cuando se digitalizan, además de que muchos manuscritos tienen comentarios detallados al margen; son muchas las razones por las cuales los investigadores necesitan el original y que no las encuentran en las copias digitalizadas”, argumentó Andreas.

Pero la devolución de los manuscritos no está, de hecho, en manos de la biblioteca. Se necesitan nuevas leyes para que se devuelvan esos u otros elementos patrimoniales en los museos británicos.

“Los promotores de la restitución podrán quejarse de que la mayoría de los artefactos no se devolvieron, pero se ha hecho mucho por difundir el conocimiento de su existencia, y el gran talento artístico, entre los investigadores etíopes y del mundo, en general”, explicó Alexander Herman, director adjunto del Instituto de Arte y Leyes, organización dedicada a vincular el aspecto legal con el patrimonio cultural.

La compleja cuestión de la repatriación de objetos saqueados resonó en Europa y Estados Unidos durante años sin resolución, aunque parece haber una mayor apertura para tratar el asunto, tanto de parte de los museos de Occidente como de sus gobiernos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró en noviembre que la restitución de artefactos africanos era una “de las mayores prioridades” de su país. Y en un discurso en Burkina Faso señaló: “El patrimonio africano no puede estar en colecciones y museos privados europeos”.

Mientras, aparecen opciones alternativas a mitad de camino. Hunt señaló que está “abierto a la idea” de un préstamo a largo plazo de objetos a Etiopía, una iniciativa que Alula Pankhurst consideró: “un pasó en la dirección correcta”.

Pero para algunos, eso no es suficiente.

“La restitución de propiedad etíope se trata de respetar la dignidad y los derechos fundamentales de Etiopía”, explicó Kidane Alemayehu, uno de los fundadores del Centro para la Paz y el Desarrollo del Cuerno de África, y director ejecutivo de la Alianza Global para la Justicia: La Causa Etíope.

“Saquear la propiedad de otro país y luego ofrecérsela como préstamo al propietario legítimo debería despertar la mayor vergüenza de cualquier país que se precie de tal”, añadió.

Traducción: Verónica Firme



Tomado de IPS
                                

jueves, 6 de mayo de 2021

El oasis chileno comenzó a secarse para los haitianos y para muchos otros extranjeros también


El pintor y electricista Salomón Henry vive desde hace tres años en Santiago de Chile con su familia. Tiene residencia por cinco años, gracias a un contrato de trabajo en un exclusivo condominio, donde reinstaló la red eléctrica entre otras tareas. En 2014 los migrantes haitianos no llegaban a los 1.800 y en abril de este año bordeaban los 120.000 según cifras oficiales. Crédito: Orlando Milesi/IPS


Estimados Liponautas

 Hoy compartimos esta vieja nota para comparar con nuestro ayer y nuestropresente ....

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Chile, un oasis para los haitianos que comienza a secarse

Por Orlando Milesi




SANTIAGO, 27 abr 2018 (IPS) - Una oleada de migrantes haitianos desembarcó en Chile los últimos años, modificando el  rostro de barrios y municipios populares en un oasis que ha comenzado a secarse, con medidas adoptadas por decreto por el nuevo gobierno contra la primera inmigración masiva afrodescendiente en este país sudamericano.

Unos 120.000 haitianos vivían en Chile a comienzos de abril, según cifras oficiales, la mayoría realizando tareas básicas en lugares como consultorios, escuelas, plazas y calles, además de en la construcción.

Estos inmigrantes, de 30 años promedio, ingresaron con visa de turista, casi todos desde 2014, y se quedaron para trabajar y construir una nueva vida en este país alargado y estrecho, entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico, y cuyo dinamismo económico le convirtió en el mayor polo de inmigración latinoamericano los últimos cinco años.

Pero el 8 de abril la situación cambió radicalmente cuando el gobierno del derechista Sebastián Piñera, en el poder desde el 11 de marzo, eliminó para ellos las visas temporarias que les permitía pasar de turistas a migrantes regulares una vez conseguido un trabajo, y poder traer después a sus familias.

Piñera busca frenar la inmigración en general, que siempre según las cifras oficiales bordea el millón de personas en un país de 17,7 millones de habitantes, y en particular la de los haitianos, con medidas donde los especialistas ven una actuación discriminatoria contra la quinta colonia extranjera, por detrás de la peruana, colombiana, boliviana y venezolana.

Desde ahora, los haitianos tendrán que obtener una visa de turismo en el consulado de Puerto Príncipe, para poder abordar un avión con destino a Chile. Será de 30 días prorrogables solo hasta 90, y no podrá canjearse por otra que permita la permanencia.

Los venezolanos, la otra migración de explosivo crecimiento, podrán obtener en Caracas una denominada visa democrática de un año.

En contrapeso a las nuevas restricciones, desde el 16 de abril comenzaron a poder regularizar su estatus todos los haitianos llegados antes del 8 de abril, en un proceso que culminará en julio de 2019. Además, desde el 2 de julio y por un año se expedirán 10.000 visas adicionales de reunificación familiar. En total, el gobierno fija en 300.000 los extranjeros en situación ilegal en Chile, de la que una minoría son haitianos.


La Oficina de Migración de la calle Fanor Velasco, cerca del palacio de La Moneda, en Santiago, atestada de haitianos y otros extranjeros que buscan regularizar su situación migrante, el 17 de abril, un día después de que se abriese ese proceso especial dentro de medidas decretadas por el gobierno para frenar la inmigración, en que los haitianos fueron especialmente perjudicados. Crédito: Orlando Milesi/IPS



Para Erik Lundi, de 37 años y quien llegó hace seis años a Chile desde Haití, el plan “es una opción muy buena. Es súperrazonable legalizar a los que están acá”.

“Pero hay mucho de discriminación racial en la nueva visa al turismo. Solamente los haitianos tienen un plazo de 30 días, porque los venezolanos tienen la visa democrática. Eso es un muy discriminatorio. ¿Por qué los haitianos tienen solamente 30 días y los otros no? Tiene que ser igual para todos”, planteó a IPS.

La xenofobia se mezcla con el racismo en un coctel que despierta un rechazo específico de los chilenos hacia los inmigrantes haitianos, destacan especialistas en derechos humanos y de migrantes consultados por IPS, en ocasiones disfrazado con críticas como que no saben hablar español, ya que su lengua es el creole o francés.

El pintor y electricista Salomón Henry, quien arribó hace tres años tras pasar por República Dominicana, con quien Haití comparte la caribeña isla de Hispaniola, aseguró a IPS que “no veo nada malo, son positivas” las medidas ejecutivas adoptadas mientras se aprueba en el Congreso legislativo una reforma de la Ley de Migración, vigente desde 1975, una de las grandes promesas electorales de Piñera.

Henry coincide en que “Chile está saturado de inmigrantes y si siguen llegando más es más miseria para los que estamos ya. No es porque ya estoy aquí, pero hay que tomar medidas para el bien de todos”, dijo Henry.

Antecedentes de ineficacia

José Tomás Vicuña, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), duda de la efectividad de instituir la visa consular de turismo para los haitianos y eliminar la temporaria, con base en la experiencia de disposiciones parecidas adoptadas para los dominicanos en 2012, durante el anterior gobierno de Piñera (2010-2014).


En la calle Pingüinos, en el popular municipio de Estación Central, uno de los dos que congrega un mayor número de migrantes de Haití en Santiago de Chile, un peluquero procedente del país caribeño ha establecido una barbería donde se habla en creole y se atiende a los connacionales. Crédito: Orlando Milesi/IPS


“Cuando se les comenzó a pedir visa consular, aumentó su ingreso”, dijo a IPS el director de la más importante organización humanitaria a favor de los inmigrantes en Chile.

El pronóstico del SJM es que “crecerá el ingreso (de haitianos) por pasos no habilitados. Y con eso también  aumentarán las redes de tráfico”, afirmó el jesuita, quien recordó que “esto pasa en muchos países cuando uno restringe mucho los accesos”.

Luis Eduardo Thayer, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central y hasta el 2017 presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones (un ente autónomo de la sociedad civil eliminado por el gobierno de Piñera), coincide con esa visión.

“Los dominicanos siguieron viniendo porque tenían la familia acá, tenían redes,  oportunidades de trabajo y las condiciones en su país de origen no eran las que  querían”, aseveró a IPS.

De aquellos, había solo 6.000 cuando se restringió su arribo, frente a los 120.000 haitianos, recordó Thayer, por lo que “la magnitud del ‘efecto llamado’ por el mercado de trabajo  y de vínculos es mucho mayor en el caso haitiano”.

La frontera chilena de 3.000 kilómetros, es calificada de “porosa” por los propios funcionarios migratorios, lo que dificulta controlar el ingreso irregular.

Thayer aventuró que como hicieron sus vecinos, los haitianos pasarán a usar una ruta conocida localmente como “el hueco o el hoyo”.

“Toman un avión hasta Colombia y allí ingresan a una ruta clandestina hasta llegar a Chile, ayudados por personas que conocen la ruta, cobran dinero y que se puede llamar red de tráfico de personas”, explicó.

Para el especialista,  es “discriminatorio” que a los haitianos se les exija visa consular para venir como turistas “por el solo hecho de ser haitianos”. “El argumento del gobierno es que vienen acá con dolo. Hay que decir que vienen menos haitianos que venezolanos, bolivianos,  peruanos y colombianos”, aseveró tajante.

El subsecretario del Interior chileno, Rodrigo Ubilla, responsable de las políticas de extranjería y migración,  rechazó en un encuentro con corresponsales extranjeros que las medidas para los haitianos sean discriminatorias y destacó que tienen el beneficio especial de las visas de reunificación familiar.

“La colonia de ciudadanos haitianos bordea los 120.000 y creemos que tenemos que ayudar para efectos prácticos de que estos familiares,  hijos, cónyuges, puedan venir de manera rápida y expedita al país”, afirmó.

Historias de los que ya están

La migración haitiana tiene sus causas inmediatas en el terremoto del 2010 y el huracán Matthew del 2016 que sumaron efectos devastadores a la crónica crisis política, económica, social y ambiental de Haití. Pero también por el boca a boca de los primeros arribados a Santiago y otras localidades chilenas, que atrae a los habitantes del país con mayor pobreza de América.

José Miguel Torrico, coordinador para América Latina y el Caribe de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, pone el énfasis del origen de esta migración en otro elemento de más larga data. La degradación de los suelos de Haití “es un gran factor de incidencia ya que básicamente la migración que tenemos acá  es una migración de  gente sin preparación, gente que viene de los sectores pobres rurales”, subrayó.

“La migración que está teniendo Chile proviene de sectores rurales en primera o segunda instancia porque no han logrado mantener su nivel de vida en las tierras que cultivan”, dijo a IPS en una entrevista en su oficina regional en Santiago.

“Vine porque vi en Internet que en Chile hay oportunidades para trabajar y otros haitianos que vinieron me hablaron de esas oportunidades”, contó Henry.

En un receso de su trabajo en una comuna en la precordillera capitalina, Henry detalló que tiene contrato laboral, residencia por cinco años y pudo traer a su esposa y a tres de sus cuatro hijos. Pero su caso es excepcional.

La última hija nació en Santiago: “mi mujer fue atendida como una reina en el hospital y no pagué ni un peso”, destacó en el relato de su experiencia, tras contar  que el costo del parto fue asumido por un fondo de salud donde cotiza mensualmente. Pero los migrantes irregulares no tienen derecho a salud en Chile.

Accionel Sain Melus, de 44 años, llegó hace ocho años desde República Dominicana (donde vivió 10) y trabaja con contrato en la Feria Lo Valledor, el principal centro de abastecimiento de verduras y frutas de la capital chilena.

“Yo tengo residencia por cinco años. El problema es que a mi señora y mi hija les dieron visa temporal por un año. Hice un trámite y me rechazaron el papel. Yo tengo todos los papeles del matrimonio y legalización. Pagué visa por cinco años y me mandaron visa por uno”, contó.


Cada domingo, en la calle Pingüinos, se instala una feria callejera donde los migrantes haitianos adquieren ropa, zapatos y una variedad de productos, incluidos algunos propios de su país, mientras comen algunos platillos típicos de su país, que ofrecen distintos puestos. Crédito: Orlando Milesi/IPS



En su conversación con IPS, al finalizar una misa en creole en la católica parroquia Santa Cruz, en la comuna (municipio) de Estación Central, confió su preocupación: “Ahora el tiempo es difícil para nosotros…”.

Pedro Labrín, sacerdote de esa parroquia en una de las dos comunas con mayor población del país caribeño y donde algunas calles funcionan como una “pequeña Haití”, explicó que a Chile llegan migrantes de Haití “con muy buena educación, dominio de idiomas y competencias técnicas”.

Pero la mayoría, añadió a IPS, “provienen del campo, con muy poca educación, y muchísimas dificultades de inserción porque poseen menores habilidades sociales y dificultades idiomáticas”.

Lundi contó que “la mayoría sale con el sueño de seguir sus estudios. Pero llega acá adonde un migrante casi no tiene  posibilidad de estudiar, si no tiene un recurso directo que venga de otro país, de su familia directa”, dijo apuntando al alto costo de las universidades chilenas.

Convivir con el racismo y la xenofobia

Para el párroco Labrín “el principal problema con que se encuentran los haitianos es el racismo: A nosotros las personas de color negro nos parecen simpáticas mientras no están al lado nuestro. Yo lo observo aquí…hay mucha resistencia racial”, narró.

A su juicio, “a los haitianos se les estigmatiza como transmisores de enfermedades, generadores de basura, ruidosos, maltratadores de niños, de violencia intrafamiliar, que hablan muy fuerte y que están siempre discutiendo. Hay también mucha odiosidad en el acceso a los servicios básicos de parte de los usuarios  chilenos que compiten con ellos  en consultorios, salas cuna,  jardín infantil y la escuela”.

Lundi tiene una experiencia variada: “por un lado, Chile ha sido un país acogedor de los migrantes. De otro lado, los chilenos son un poco más violentos, más discriminadores”.

Acusó a algunos sectores de “xenofobia, no sé si por la cultura no están acostumbrados a vivir con muchos extranjeros, sobre todo de raza negra. Discriminan por el color. Eso se manifiesta  directamente con insultos y a veces sicológicamente”.


Dos niñas con elaborados vestidos son presentadas al Señor durante una ceremonia especial en una iglesia evangélica, atestada como cada domingo, y donde el culto y otras actividades son siempre en creole. La iglesia está muy cerca de la calle de Pingüinos, en Estación Central, en Santiago de Chile. Crédito: Orlando Milesi/IPS



Labrín contó que en Estación Central “ha surgido un negociado antiético de subdividir las mismas pobres casas para ir arrendando a precios exorbitantes”.

“Arriendan hasta por 200.000 pesos (unos 333 dólares) piezas miserables sin condiciones de seguridad ni higiene. Durante la visita del papa Francisco (enero 2018) se quemó aquí una de estas casas donde viven cien personas con tres duchas de las cuales una estaba mala y una taza de baño”, denunció.

Dudas sobre el proceso

Para Lundi “la visa de reunificación familiar es súperimportante porque las personas no pueden estar bien si no están con sus familias. Tendrán una oportunidad de vivir juntos”.

Pero para el académico Thayer este ofrecimiento “es demagógico: están diciendo vamos a cerrar la frontera, pero les vamos a permitir  que estén con la familia…lo cual es un derecho humano mínimo”.

Mientras, el jesuita Vicuña remarcó que es fundamental “cuáles serán los  criterios de otorgamiento, porque el mero criterio  de la reunificación familiar va a quedar pequeño frente a la cantidad de demanda”.

“Una migración ordenada, segura y regulada requiere de un proceso informativo claro y acá ha habido muchas medidas sobre la marcha”, aseveró.

Thayer desmontó otro prejuicio social creciente contra los haitianos. “La tasa de desempleo de los migrantes es bajísima, al igual que la de los chilenos, de cinco a seis por ciento”, sostuvo.

“No se puede decir que está saturado el mercado de trabajo con la llegada  de haitianos. Lo que hay es un problema de  integración por falta de políticas públicas en vivienda, educación y trabajo”, remarcó.

El párroco Labrín llamó a poner el énfasis en los aportes haitianos: “cultura, trabajo, bienes económicos e hijos”. “La tasa de natalidad chilena, que tanto preocupa dentro de la pirámide del desarrollo, va a  ser ampliamente apoyada por el nacimiento de los niños chilenos de padres migrantes”, citó a modo de ejemplo.

Primer impacto: oficinas de migración atestadas

En la Oficina de Migración de la calle Fanor Velasco, a tres cuadras de La Moneda, sede de la presidencia del gobierno, el aire era irrespirable el 17 de abril, al día siguiente de abrirse el nuevo proceso de regulación.

Una marea incesante de migrantes en busca de adelantar este trámite atestaba la instalación y sus inmediaciones desde la madrugada, al duplicar el ya gran flujo cotidiano, antes de entrar en vigor las nuevas medidas migratorias, adoptadas por decreto.

Leonel Dorelus, haitiano de 32 años, llegó a Chile en noviembre del 2017, tras tres años en República Dominicana. Vive con un cuñado que llegó antes en una comuna del sur santiaguino y trabaja en un templo evangélico allí mismo.

“Solo la novia quisiera traer”, dijo a IPS mientras esperaba su turno.

Mark Edouard, de 30 años, procede de la localidad haitiana de Artibonite. Trabaja de portero durante la noche, con contrato,  y de día en una feria pública, todo en la populosa comuna de Puente Alto, 20 kilómetros al sureste de Santiago.

“Comencé como ayudante en la misma feria. Al principio viví con otras personas, pero me faltaba el aire y me cambié y ahora vivo solo”, relató.

Zilus Jeandenel, de 28 años, vino a Chile desde la localidad rural de Comine. Vive en la comuna de San Bernardo, en el sur del Gran Santiago, con dos hermanas. Llegó hace ocho meses y no tiene trabajo, igual que una de sus hermanas. “Está difícil lograr trabajo”, dijo, aunque “mi calidad de vida es mucho mejor aquí, aun así”.

Un pequeño Haití en Santiago

Es domingo cuando decenas de haitianos asisten a misa en la parroquia jesuita de Santa Cruz, en el barrio de Nogales, en la comuna santiaguina de Estación Central, y donde Erik Lundi trabaja. En una esquina opuesta a la iglesia, en la misma calle de Pingüinos, un barbero haitiano atiende a sus connacionales. Todos hablan creole y mientras esperan su turno siguen por televisión una carrera de Fórmula Uno.

Frente a la barbería está la parada de microbuses que por el equivalente a un dólar transporta a los residentes al centro de Santiago o a la periferia sur de la ciudad capital.

También en Pingüinos, más al este, se celebra una feria al aire libre, como cada domingo, con puestos de venta de ropa y de zapatos usados que los consumidores se prueban allí mismo. Otros puestos, algunos improvisados en la acera, venden verduras, frutas, carnes, productos típicos haitianos y lo más requerido por los viandantes: sacos de frijoles. También se ofrecen platos haitianos para degustar en el lugar.

Hay vendedores chilenos, pero más haitianos. Todos explican, en creole o español, los precios, en una feria que, cuentan los parroquianos, es también un lugar de encuentro social. Mujeres con niños pequeños, embarazadas, jóvenes que se saludan golpeando sus manos y una pareja de un hombre haitiano y una mujer chilena que camina risueña tomada de la mano, forman parte del paisaje dominical en Pingüinos.

A apenas a dos cuadras, hay un templo evangélico que como el católico funciona además como un centro social, donde el culto es en creole y acompañado de música en vivo, gracias a guitarras, bajos eléctricos y tumbadoras.

Los fieles visten como para un acontecimiento importante. Las mujeres portan trajes y zapatos coloridos y los hombres lustrosos zapatos, algunos blancos, y casi todos corbata, mientras las niñas destacan especialmente con sus tules y elaborados peinados de trenzas. Es vida y cultura haitiana, trasplantada a Santiago, en la cordillera andina.

Edición: Estrella Gutiérrez








martes, 1 de mayo de 2018

¿Lo que propone Sebastian Piñera es Regulación o Control migratorio?






El fenómeno global con el que se busca frenar los flujos migratorios hacia determinados territorios, como parte de la tendencia mundial que restringe ese flujo por los gobiernos, ha traído como consecuencia el cambio importante de políticas migratorias que, en muchas ocasiones, se han convertido en efectos negativos para los migrantes. Este tipo de acciones se relaciona con “los controles migratorios, la discriminación, la exclusión y la persecución”, que ha tendido a proponer una selección segregacionista que limita o impide el acceso a los países. El artículo de Paulina Acevedo aborda el análisis de este fenómeno a raíz de las recientes decisiones del gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera sobre la materia, que de acuerdo a la percepción de la coordinadora del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, debe tomar en cuenta siempre,  para la creación de toda estructura jurídico normativa que regule la relación, con un enfoque enmarcado en el riguroso cumplimiento de los derechos humanos.

Rafael Simón Hurtado.


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Anuncios de Piñera: ¿Regulación o control migratorio?

Este es un artículo de opinión para IPS de Paulina Acevedo, coordinadora del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del chileno Observatorio Ciudadano.

Por Paulina Acevedo

Paulina Acevedo, coordinadora del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del chileno Observatorio Ciudadano. Crédito: Cortesía de la autora


SANTIAGO, 27 abr 2018 (IPS) - Bajo la premisa de “ordenar la casa” y en una mediática actividad, el presidente Sebastián Piñera dio a conocer el 9 de abril su decisión de reponer, con urgencia simple, el proyecto de nueva ley de migratoria que el mismo ingresara al Congreso en 2013, mientras anunció una serie de disposiciones para la regulación de los flujos migratorios que llegan al país, que deben revisarse desde una perspectiva de derechos humanos, tanto en la forma como en su fondo.

Reconociendo la facultad que tienen los Estados de reglamentar la migración y la necesidad imperiosa de modificar la Ley de Extranjería vigente en Chile, que emana de un decreto de la dictadura (1973-1990) y que por lo mismo posee un fuerte acento de seguridad nacional, se hace importante señalar que toda ley o medida adoptada por un Estado no puede concurrir en la vulneración o restricción de otros derechos y principios de derechos humanos que son exigibles en esta materia, como la no discriminación, la no devolución y la libre circulación.



Asimismo, cualquier reforma legal o de política pública que emprende un Estado debe estar orientada hacia el reconocimiento progresivo de los derechos consagrados en los tratados de derechos humanos que éste ratifica, y en ningún caso implicar una regresión de los mismos.

Por tanto, todas las acciones anunciadas por la administración de Piñera, iniciada en marzo, deben estar encaminadas a adecuar el marco regulatorio existente a los estándares internacionales de movilidad humana, algo que le vine siendo requerido al Estado chileno por el propio Comité de Naciones Unidas sobre trabajadores migrantes y sus familias.

No obstante, tras un análisis detallado de los anuncios del gobierno, y en particular de los instructivos presidenciales que establecen un proceso de regularización e imponen nuevas categorías migratorias por la vía administrativa, se constata la existencia de distinciones arbitrarias basadas en la nacionalidad, la raza o los motivos de la migración, que de acuerdo al derecho internacional constituyen actos discriminatorios y racistas.

Mediante estas disposiciones de facto se establece visa consular a los ciudadanos haitianos; se crean nuevas categorías de residencia transitoria que únicamente pueden ser solicitadas desde el exterior, requiriéndose como información obligatoria en la web habilitada para ello señalar el color de tez, de cabello y de ojos del solicitante



También se implementa un registro para migrantes en condición de documentación irregular o con visas vencidas, dando plazos de 30 días para acogerse a este proceso de “regularización”; se solicitan antecedentes penales al requerir visado o reunificación familiar, incluso en el caso de menores de edad, por citar solo algunas de las más gravosas.

Se refuerza con ello además un contexto social marcado por el aumento del racismo, estigmatización y criminalización de la migración.

Preocupa asimismo desde una perspectiva procedimental, que estas reglamentaciones se establezcan antes que la iniciativa legislativa presentada por Piñera sea analiza y votada por el Congreso.

Es altamente contradictorio que al mismo tiempo que con una mano se firma un documento de propuesta para ser sometido a discusión, con la otra se firmen resoluciones que sancionan lo mismo y los ponen en inmediata ejecución.

Un rayado de cancha anticipado que es muy probable sea revertido por el parlamento, si se consideran los amplios cuestionamientos que ya en su momento generó la propuesta original de Piñera (durante su gestión entre 2010 y 2014), pero demasiado tarde para los cientos de migrantes que sin duda serán expulsados del país bajo mecanismos que ahora no admiten apelación, vulnerándose abiertamente el derecho a un debido proceso.

Algunos de estos cuestionamientos fueron sistematizados en un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2013), donde se remarca el énfasis del proyecto en una migración con inserción formal en el mercado del trabajo.

Este acento se explicita en el mensaje del proyecto, donde se señala que el objetivo de la nueva ley es “aprovechar las potenciales ventajas de la migración internacional en beneficio del país”, insistiendo en “la seguridad nacional como un criterio informador de toda la legislación migratoria”.



Otro aspecto preocupante del proyecto son las prohibiciones imperativas que establece para el ingreso al país, entre las que incluye a “quienes posean antecedentes acreditados de conformidad con la legislación de sus respectivos países o de la Organización Internacional de Policía Criminal” y a quienes “padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria ha determinado que constituyen causal de impedimento de ingreso a Chile”.

Asimismo, otras que facultan a denegar el ingreso a quienes “realicen o hayan realizado actos que puedan alterar las relaciones bilaterales…”, a los que “…hayan sido condenados en los últimos 5 años por actos que la ley chilena califique de simple delito…” o que “registren antecedentes policiales negativos en los archivos o registros de la autoridad policial…”, dejando amplio margen de discrecionalidad a la autoridad competente

Ello resulta altamente preocupante si se considera en este sentido que la actuación de la Policía de Investigaciones en frontera ha sido objeto de amplios reparos y denuncias, que han incluido incluso pronunciamientos por parte de tribunales de justicia, como aconteció con la reciente expulsión masiva de ciudadanos haitianos.

Precisamente en relación a esto último, el proyecto añade causales de expulsión que son altamente cuestionables desde una perspectiva de derechos humanos, tanto para quienes se encuentren con condición de permanencia transitoria como para aquellos que sean titulares de alguno de los distintos tipos de residencia.

Entre estas causales, considera la expulsión de quienes carezcan de un permiso que los habilite para residir legalmente en el país, y la reconducción inmediata a su país de origen, para los extranjeros que ingresen al país, “encontrándose vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional, (…) y sin necesidad que a su respecto se dicte una nueva resolución”.



En cuanto a la reclamación frente a una medida de expulsión, el proyecto señala que esta la podrá hacer “el afectado por dicha medida por sí o por cualquier persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contado desde la notificación de la resolución respectiva”.

No obstante la sola interposición del recurso suspende temporalmente la orden de expulsión, el proyecto dispone que “durante su tramitación, se mantendrá vigente la medida de privación de libertad en los casos en que hubiere sido decretada”.

Lo anterior puede resultar en una vulneración de derechos, dado que si bien se señala que la Corte deberá fallar breve y sumariamente dicha reclamación, en única instancia, el plazo otorgado es cinco días, lo que contraviene la norma que impide mantener detenida a una persona por más de 24 horas sin control judicial, como advirtió en su informe el INDH.

Finalmente, respecto de los derechos concedidos a quienes se encuentren en condición migratoria regular dentro del territorio, cabe hacer notar algunas disposiciones que son abiertamente discriminatorias.

Un ejemplo es aquella que establece que los extranjeros con menos de dos años de permanencia en Chile no pueden optar a ciertos beneficios de salud y seguridad social de cargo fiscal, algo que va en contra de los estándares internacionales que conceden acceso a los mismos sin distinción alguna y que representa a su vez un retroceso incluso respecto de decretos vigentes impulsados por la primera administración de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-marzo 2018), que otorgan acceso a salud independientemente de la condición migratoria.



Del mismo modo, se debe resaltar que aunque el proyecto reconoce derechos laborales en condiciones de igualdad entre nacionales y migrantes, sin distinguir en la condición migratoria, mantiene la disposición del Código Laboral que obliga a que el menos 85 por ciento de los trabajadores de una empresa que ocupe a 25 trabajadores o más sean chilenos/as, y que impide a quienes estén en calidad de turistas trabajar en actividades remuneradas, reservándola solo para aquellos que posean una residencia temporal.

Sin duda, como vienen requiriendo organismos internacionales y demandando organizaciones migrantes y de derechos humanos en Chile, es urgente que el país cuente con una ley migratoria con un enfoque de derechos humanos, más aun atendiendo el aumento de los flujos migratorios en las últimas décadas.

Para ello, se deben considerar tiempos apropiados para la discusión parlamentaria y la participación activa en su tramitación de los distintos colectivos migrantes y de derechos humanos.

También hay que incorporar los distintos estándares que se han ido construyendo en torno al derecho humano a migrar, como lo han hecho las legislaciones de la mayor parte de los países de la región. Además, se tiene que reconocer el aporte cultural la migración tiene para la construcción de sociedades más diversa, respetuosas y democrática.

TT: @PaulinaAcevedoM

                                                                                                                                           Octubre, 2017


Tomado de IPS Noticias



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Rafael Simón Hurtado. " Al fondo la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá en MaracaiboEstado Zulia


Rafael Simón Hurtado

Escritor y periodista venezolano. Licenciado en comunicación social egresado de la Universidad Católica Cecilio Acosta (Maracaibo, Zulia). Ha obtenido el Premio Municipal de Literatura Ciudad de Valencia (años 1990 y 1992), el Premio Nacional de Periodismo Científico (2008),  el Premio de Periodismo “Jesús Moreno” (Universidad de Carabobo, 2009) y el Premio Nacional de Literatura “Rafael María Baralt" (2016). Ha publicado el libro de cuentos Todo el tiempo en la memoria y las crónicas literarias “Leyendas a pie de imagen, croquis para una ciudad”. Fue editor-director de la revista cultural Laberinto de Papel y de las publicaciones de divulgación científica Saberes Compartidos y A Ciencia Cierta, todas de la Universidad de Carabobo. 



Ficha tomada de Letralia.

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