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| CONCENTRACIÓN. "La sangre derramada no será en vano", expresó la viuda de Roberto López. (Foto: Comunidad Potae Napocna Navogoh) |
Un campesino fue asesinado y otro herido en Santiago del Estero al resistir un desalojo. Cuatro campesinos e indígenas fueron asesinados en los últimos dos años por defender el territorio.
Cristian Ferreyra nació y vivió sus 23 años en el
mismo lugar, paraje San Antonio, norte de Santiago del Estero. Quería
mantener una forma de vida que implica trabajar la tierra, criar
animales, sembrar y cosechar su comida. Pero un disparo de escopeta lo
hirió cuando se negó a dejar el territorio, pretendido por un
empresario. “Esto es el lejano oeste, no se cumplen nuestros derechos,
nos matan como animales en la Argentina de hoy”, denunció Marilena
Santillán, con voz entrecortada, aún conmovida, compañera de militancia
de Ferreyra e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(Mocase-Vía Campesina). También fue herido Darío Godoy, de 26 años. En
los últimos dos años fueron asesinados en Argentina cuatro campesinos e
indígenas. El Mocase-VC denunció que la represión tiene directa relación
con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería
intensiva sobre territorios comunitarios.
Ferreyra formaba parte de la comunidad indígena lule-vilela de San Antonio, que habitan 2000 hectáreas comunitarias desde hace generaciones. A pesar de su juventud era identificado como un referente, tranquilo, pero decidido a permanecer en territorio ancestral, a 60 kilómetros de Monte Quemado. Desde hace dos años denuncian el acoso de empresarios que pretenden las tierras comunitarias: cierre de caminos vecinales, amenazas a niños cuando iban a la escuela y matanza de animales.
El miércoles a la siesta llegaron hasta la casa de Darío Godoy dos personas (Javier y Arturo Juárez, señalados por el Mocase como guardias privados al servicio del empresario José Ciccioli). Buscaban a Cristian Ferreyra. Sin mediar palabra le dispararon a Ferreyra con una escopeta. Falleció desangrado, junto a su esposa y su hijo de 2 años.
También fue herido Godoy (del Mocase), con disparos en las piernas. Aún permanece internado en el hospital. Los agresores huyeron y hasta ayer no habían sido detenidos.
“Mataron a Cristian porque era un joven fuerte, decidido a defender el territorio de sus padres y de su hijo. Él hablaba, dialogaba, pero no negociaba el territorio. Por eso lo mataron”, lamentó Santillán y precisó que el ataque fue un día antes de una asamblea que iba a realizarse en casa de Ferreyra con el objetivo de definir un plan para frenar las topadoras.
El Mocase-VC emitió un comunicado: “Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, quien autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian”.
El gobernador Gerardo Zamora, que no respondió los llamados de este diario, va por su segundo mandato y denominó a la provincia como la “capital nacional del kirchnerismo” luego de obtener en las últimas elecciones el 82 por ciento de los votos. Se autodefine “radical k”. El Mocase lo señala –en cuanto a la represión al campesinado– como la continuidad del juarismo.
Desde el Mocase-VC, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), explicaron que las tierras ancestrales que familias rurales y originarias habitaron durante generaciones comenzaron a ser pretendidas por empresarios a medida que la frontera agropecuaria (de la mano de soja) comenzó a expandirse. Y también de la ganadería, que es desplazada por la agricultura.
La Secretaría de Ambiente de la Nación precisa que Santiago es de las provincias líderes en desmonte, 515 mil hectáreas entre 2003 y 2007, un 72 por ciento más que entre 1998 y 2002. Avance del monocultivo y devastación de bosques tienen directa relación.
La soja transgénica con uso intensivo de agrotóxicos fue autorizada en 1996, cuando abarcaba una superficie de 6,6 millones de hectáreas. En el 2000 ya había trepado hasta las 10,5 millones. Y en la actualidad cubre 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de Argentina, 50 millones de toneladas de soja.
El geógrafo y docente de la Universidad Nacional, Marcelo Giraud, analizó el avance agropecuario en Santiago. En 1996 en la provincia había sólo 95.000 hectáreas con soja. En 2008 había saltado a 629 mil hectáreas y dos años después, 2010, al récord de 1,1 millón de hectáreas. “En sólo dos años aumentó un 75 por ciento”, afirmó.
La ONG Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) publicó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”. Hasta octubre de 2010 había contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario.
En sólo dos años fueron asesinados cuatro militantes de la defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandra “Ely” Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el qom de Formosa Roberto López. El miércoles la lista sumó a Cristian Ferreyra. En ningún caso están detenidos los autores materiales ni intelectuales de los crímenes.
El Código Civil establece el “derecho veinteañal”, que otorga derechos a quién ocupó y trabajó una tierra durante dos décadas. Y también están vigentes leyes específicas para pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT, Ley 26.160 de suspensión de desalojos, Artículo 75 de la Constitución Nacional), pero (salvo excepciones) el Poder Judicial no aplica esas leyes.
“El asesinato de Cristian Ferreyra no va a quedar impune. Con toda la rabia y el dolor que sentimos sus compañeros reafirmamos una vez más que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta la últimas consecuencias”, avisó el Mocase-VC. Diego Montón, del MNCI, advirtió: “El agronegocio se cobró otra vida campesina, esta vez la de un joven militante. No es posible la convivencia con el agronegocio, su lógica es de muerte y lucro, es un modelo donde no hay lugar para la vida”.
La violencia rural
-El 21 de julio de 2010, hombres armados ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga (en el norte provincial) y golpearon a familias campesinas. La Policía dejó libre a los agresores y detuvo a las víctimas.
Ferreyra formaba parte de la comunidad indígena lule-vilela de San Antonio, que habitan 2000 hectáreas comunitarias desde hace generaciones. A pesar de su juventud era identificado como un referente, tranquilo, pero decidido a permanecer en territorio ancestral, a 60 kilómetros de Monte Quemado. Desde hace dos años denuncian el acoso de empresarios que pretenden las tierras comunitarias: cierre de caminos vecinales, amenazas a niños cuando iban a la escuela y matanza de animales.
El miércoles a la siesta llegaron hasta la casa de Darío Godoy dos personas (Javier y Arturo Juárez, señalados por el Mocase como guardias privados al servicio del empresario José Ciccioli). Buscaban a Cristian Ferreyra. Sin mediar palabra le dispararon a Ferreyra con una escopeta. Falleció desangrado, junto a su esposa y su hijo de 2 años.
También fue herido Godoy (del Mocase), con disparos en las piernas. Aún permanece internado en el hospital. Los agresores huyeron y hasta ayer no habían sido detenidos.
“Mataron a Cristian porque era un joven fuerte, decidido a defender el territorio de sus padres y de su hijo. Él hablaba, dialogaba, pero no negociaba el territorio. Por eso lo mataron”, lamentó Santillán y precisó que el ataque fue un día antes de una asamblea que iba a realizarse en casa de Ferreyra con el objetivo de definir un plan para frenar las topadoras.
El Mocase-VC emitió un comunicado: “Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, quien autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian”.
El gobernador Gerardo Zamora, que no respondió los llamados de este diario, va por su segundo mandato y denominó a la provincia como la “capital nacional del kirchnerismo” luego de obtener en las últimas elecciones el 82 por ciento de los votos. Se autodefine “radical k”. El Mocase lo señala –en cuanto a la represión al campesinado– como la continuidad del juarismo.
Desde el Mocase-VC, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), explicaron que las tierras ancestrales que familias rurales y originarias habitaron durante generaciones comenzaron a ser pretendidas por empresarios a medida que la frontera agropecuaria (de la mano de soja) comenzó a expandirse. Y también de la ganadería, que es desplazada por la agricultura.
La Secretaría de Ambiente de la Nación precisa que Santiago es de las provincias líderes en desmonte, 515 mil hectáreas entre 2003 y 2007, un 72 por ciento más que entre 1998 y 2002. Avance del monocultivo y devastación de bosques tienen directa relación.
La soja transgénica con uso intensivo de agrotóxicos fue autorizada en 1996, cuando abarcaba una superficie de 6,6 millones de hectáreas. En el 2000 ya había trepado hasta las 10,5 millones. Y en la actualidad cubre 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de Argentina, 50 millones de toneladas de soja.
El geógrafo y docente de la Universidad Nacional, Marcelo Giraud, analizó el avance agropecuario en Santiago. En 1996 en la provincia había sólo 95.000 hectáreas con soja. En 2008 había saltado a 629 mil hectáreas y dos años después, 2010, al récord de 1,1 millón de hectáreas. “En sólo dos años aumentó un 75 por ciento”, afirmó.
La ONG Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) publicó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”. Hasta octubre de 2010 había contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario.
En sólo dos años fueron asesinados cuatro militantes de la defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandra “Ely” Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el qom de Formosa Roberto López. El miércoles la lista sumó a Cristian Ferreyra. En ningún caso están detenidos los autores materiales ni intelectuales de los crímenes.
El Código Civil establece el “derecho veinteañal”, que otorga derechos a quién ocupó y trabajó una tierra durante dos décadas. Y también están vigentes leyes específicas para pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT, Ley 26.160 de suspensión de desalojos, Artículo 75 de la Constitución Nacional), pero (salvo excepciones) el Poder Judicial no aplica esas leyes.
“El asesinato de Cristian Ferreyra no va a quedar impune. Con toda la rabia y el dolor que sentimos sus compañeros reafirmamos una vez más que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta la últimas consecuencias”, avisó el Mocase-VC. Diego Montón, del MNCI, advirtió: “El agronegocio se cobró otra vida campesina, esta vez la de un joven militante. No es posible la convivencia con el agronegocio, su lógica es de muerte y lucro, es un modelo donde no hay lugar para la vida”.
La violencia rural
-El 21 de julio de 2010, hombres armados ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga (en el norte provincial) y golpearon a familias campesinas. La Policía dejó libre a los agresores y detuvo a las víctimas.
