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viernes, 6 de mayo de 2016

Las etnias Yekwuana Sanema y Pemón de la cuenca del Caura rechazan el Arco Minero del Orinoco



Alrededores del poblado de Las Claritas, municipio Sifontes del estado Bolívar. Tomado de EL Cambur


Pronunciamiento de los pueblos Yekwana- Sanema y Pemón de la cuenca del Caura sobre el decreto número  2.248  del “Arco minero Orinoco” en el marco de la XX Asamblea General Ordinaria de la Organización Kuyujuani. Playón, 21 al 24 de abril de 2016.

Esta carta es elaborada por todas las autoridades legítimas de 49 comunidades Ye´kwana y Sanema participantes a la XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI, organización de base comunitaria indígena del poder popular ancestral, originario y tradicional de los pueblos antes mencionados, quienes acordamos en plenaria dirigir la presente comunicación en atención a las siguientes consideraciones y en consecuencia solicitar su actuación conforme a las leyes indígenas y de la República Bolivariana de Venezuela.

La XX Asamblea General Ordinaria reunida en la fecha 21 a 24 de abril de año 2016 en la comunidad El Playón se pronunció sobre el Decreto del Arco Minero que afecta directamente a las poblaciones de la cuenca del Caura y en especial las comunidades indígenas de los Pueblos Ye´kwana–Sanema y pemon el cual RECHAZAMOS DEFINITIVAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARCO MINERO EN NUESTRO TERRITORIOS y HÁBITATS.

En el caso particular del Caura y es de preocuparse los resultados de los estudios científicos del año 2010 y del 2011 reportan el impacto ambiental en nuestro territorio tradicional incluyendo, el incremento de contaminantes químicos y sedimentos en suspensión en el río Yuruani y en el río Caura, así como bioacumulación de mercurio en tejido muscular de los principales peces de consumo masivo por parte de nuestras comunidades indígenas, especialmente en niños, niñas y adultos mayores. El resultado de los estudios científicos reportan bio-acumulación de mercurio en tejido humano (cabellos) en miembros de las comunidades indígenas Ye´kwana y Sanema de la cuenca del río Caura.

La cuenca del río Caura tiene en su ordenamiento territorial vigente diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) incluyendo el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, Reserva Forestal El Caura, Monumentos Naturales Ichún-Guanacoco, Cerro Guiquinima y Zona Protectora Sur del estado Bolívar, los cuales consagran la protección y salvaguarda de los bosques, recursos hídricos, suelos agrícolas y demás recursos de la biodiversidad, regulando para ello el uso y aprovechamiento bajo normas de manejo con fines de desarrollo sustentable de las poblaciones autóctonas, indígenas y de la nación venezolana, prohibiendo taxativamente la actividad minera.

Para los pueblos antes mencionados consideramos que el Arco Minero es una violación de nuestro derecho legítimo a la salud y a un territorio seguro, propio y con calidad de vida.

Consideramos incoherente la decisión tomada sobre la política minera dentro de territorios indígenas desestimando los derechos indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde el año 1999, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el Convenio sobre los Derechos Humanos Universales, en la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, en la Ley Ordinaria de Demarcación de Tierras y Hábitats Indígenas y todas las demás leyes, convenios, pactos y tratados debidamente suscritos y ratificados por la República y de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades nacionales civiles y militares sin excepción. Las culturas Ye´kwana y Sanema dependen de los bosques, caños y demás ecosistemas y recursos naturales de la cuenca del río Caura para poder seguir existiendo, y como consecuencia de la actividad de minería ilegal en nuestro territorio se han dado los primeros impactos ambientales y de salud humana que constituyen pasos tempranos de un proceso que a nivel internacional se tipifica como etnogenocidio, el cual estamos a tiempo todavía de evitar

La conservación de los recursos naturales del territorio ancestral son fuente de alimentación y necesidades vitales manejadas desde nuestro origen, los cuales están en grave peligro por la presencia de la minería ilegal y el decreto del arco Minero del Orinoco. Yaajö Sawedi, nos dijo que cuidáramos a Atukaadoda (hierro), Adeumoiyana (agua), Enuujukuñamana (aire) como él los cuidó. Las tierra es fundamental para el pueblo Ye´kwana y Sanema, donde nace nuestro patrimonio cultural: educación propia, la cultura y garantiza nuestra seguridad alimentaria, la de nuestros hijos y futuras generaciones.

Exigimos que en representación de todas las autoridades legítimas de esta XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI, debidamente constituida, sea presentada en punto de cuenta ante el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y comunique por vía escrita a las demás autoridades del consejo de ministros y, en especial, al ministro de Defensa y a la Procuraduría General de la República.

Es el deseo expreso de esta XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI no al ARCO MINERO SI AL ¡BUEN VIVIR! en los territorios indígenas, solicitamos actuar conforme al marco legal previsto en la Constitución, las leyes, convenios, pactos y tratados de la República Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia exigimos que mediante la presente, el Alto Mando Militar y la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela también cumplan con sus obligaciones según dictan las Leyes.


Tomado de SIC


Indígenas pemón contra el Arco Minero del Orinoco
241 visualizaciones  8 may 2020
La lideresa del pueblo pemón, Lisa Henrito, cuestiona el Arco Minero del Orinoco. Explica las razones de la minería de oro practicada por los indígenas en el estado Bolívar, al suroriente de Venezuela



La guerra de los pemones, los indígenas de Canaima que se enfrentan al gobierno de Venezuela
25.521 visualizaciones  10 abr 2019
En medio del paisaje impresionante del Parque Nacional Canaima, los indígenas pemones luchan contra la pobreza y se enfrentan al gobierno de Venezuela. 
Muchos se ven obligados a trabajar en las minas ilegales de oro, mientras el gobierno dice que estas minas causan un daño terrible al medio ambiente. Los pemones denuncian una creciente intrusión del gobierno en su territorio. 
Al menos tres indígenas murieron en protestas desde diciembre. Decenas más resultaron heridos y otros fueron arrestados. 
Guillermo Olmo, corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, viajó hasta allí.



Actualizada el 05/11/2023



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jueves, 21 de febrero de 2013

En el estado Bolívar: Indígenas desarmaron y retuvieron a militares venezolanos del REDI en Urimán.






Población pemón organizada inició acciones en contra de la FANB.



En 2011 un hecho similar ocurrió en La Paragua, municipio Angostura, donde indígenas desarmaron a militares. 


Viernes, 08 de Febrero de 2013



Al menos 40 militares del Ejército, integrantes de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana), fueron desarmados, retenidos y amarrados ayer por los indígenas pemones de la comunidad de Urimán, situada a orillas del Caroní.


La acción es parte de una secuencia de actividades que llevarán a cabo los aborígenes para poner fin a lo que ellos llaman el sostenido “atropello de los militares”, que incluye la imposición de restricciones de los vuelos a las distintas comunidades, cuyo acceso es exclusivamente por aire y constituye su única fuente de ingreso de comida y combustible.


Sólo dos empresas (Transmandú y Tranaca) están autorizadas para volar a las comunidades. Los indígenas señalan que esto ha servido para que haya aumentos “exagerados en los pasajes”. Si antes un boleto desde Urimán hasta Ciudad Bolívar costaba 1.200 bolívares, actualmente les es vendido en 2.500 sólo la ida, algo que consideran insostenible y consecuencia directa de las medidas militares.


Según informaron algunos voceros, la detención de los militares de Urimán es apenas un abreboca de lo que harán para presionar una respuesta. Después vendrán protestas y cierres en distintos puntos del municipio Gran Sabana, en caso de que no obtengan una solución en el plazo que esperan.


En concreto

El desarme de los militares del REDI ocurrió en la mañana de este jueves en dos etapas; 21 funcionarios fueron sacados del puesto fluvial en la zona y conminados a una escuela local. Luego, horas más tarde la noticia se supo y fue enviado un nuevo contingente, esta vez de paracaidistas, para resolver la situación. Al llegar corrieron con la misma suerte: en total, habría 40 “boinas rojas” en poder de los pemones.

Esta no es la primera vez que los indígenas desarman y retienen a militares. La anterior fue octubre de 2011 en la comunidad de Musuk Pa, municipio Angostura, donde más de 20 funcionarios permanecieron en manos de los aborígenes hasta que se llegó a un acuerdo.



Hartos y resteados

Lisa Henrito, secretaria de la capitanía general del sector 6, que comprende 27 comunidades de la Gran Sabana, expresó que desde inicios de 2013 han sostenido varias reuniones entre los representantes indígenas en Santa Elena de Uairén en busca de una salida sin hallar un punto de encuentro con las autoridades.


Escritos han ido y venido sin que obtengan lo que quieren, el fin de lo que consideran un “hostigamiento”. “Nos cansamos de los atropellos, la extorsión, el chantaje descarado del Ejército y, por lo tanto, decidimos que vamos a protestar con contundencia”, dijo la secretaria.


Añadió que las acciones se mantendrán hasta que haya la “presencia física” del vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro, y los titulares del Ministerio de Energía y Minas, Pueblos Indígenas, Ambiente y de la Defensa.


“No queremos más atropellos. Ellos (el gobierno) deben recordar que en las poblaciones indígenas hay personas que piensan, que tienen una cultura ancestral, que sueñan y que tienen necesidades. Lo que pedimos es que nos dejen tranquilos, y si nos van a ayudar que nos expliquen cómo, y no pasen por sobre nosotros. Estamos abiertos al diálogo”, dijo Henrito.


La vocera expresó que esperan una salida pacífica a sus peticiones, al tiempo que lanzó una advertencia “si tocan a un indígena, nos tocan a todos”. Con esto afirmó que temen una arremetida por los hechos de Urimán, e instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a no conducirlos a los “extremos”, que implicaría protestas simultáneas.


Informó la secretaria de la capitanía general del sector 6 que en total hay 103 comunidades organizadas en la Gran Sabana, y ocho sectores pemones que están a favor de retomar la normalidad en cuanto a los vuelos aéreos, el traslado de alimentos, combustible y fin de los atropellos.


Cese de las represalias

Javier Márquez, abogado, defensor de la causa indígena y miembro de la comunidad El Plomo, se solidarizó con la protesta de sus compañeros y señaló que de su parte exige tres cosas: que no haya represalias en contra de quienes encabezan las acciones y que, por el contrario, sean investigados los militares que pudieran estar incursos en los abusos; que se atienda el caso del capitán de Arekuna, quien fue a formular una denuncia a la Fiscalía Ambiental en Ciudad Bolívar y resultó agredido y, finalmente, que el gobernador del estado fije posición sobre lo que sucede con las poblaciones aborígenes.


Víctor Abati, capitán general de los sectores 1 y 2, que incluye a las comunidades de Kamarata y Canaima, estaba en Caracas junto con otros representantes indígenas, el alcalde de Gran Sabana, Manuel de Jesús Vallés y el presidente de la Federación Indígena del estado Bolívar, Juan Carlos Velásquez.


En la capital lograron reunirse con el diputado y presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas. Allí expusieron el problema e incluso comentaron lo ocurrido en Urimán. Sin embargo, el parlamentario aseguró que hoy les tendría una respuesta y con eso concluyó la reunión.




Ya advertidos


El 2 de febrero, los capitanes y representantes de las comunidades aéreas de la Gran Sabana sostuvieron una reunión en Santa Elena de Uairén e hicieron un pronunciamiento que hicieron llegar a las autoridades.


En él exigían el cese de los atropellos, la restitución del tráfico aéreo a las demás compañías existentes en el estado, la eliminación a la restricción excesiva en el suministro de combustible, la nulidad del Decreto 8.413 de Nacionalización del Oro, el respeto a los territorios indígenas y la destitución del mayor general Clíver Alcalá Cordones, comandante del REDI Guayana, entre las cosas más importantes.


En ese mismo documento anunciaban que de no haber respuestas tomarían acciones. En vista de que trascurrieron cinco días desde el documento y no había una salida decidieron iniciar las protestas, que serán por tiempo indefinido, en cuanto a la retención de los 40 funcionarios militares en la comunidad de Urimán.


 Tomado de Conflictove


Indígenas de Urimán detienen y desarman a militares en Bolívar 

 Indígenas de Urimán detienen y desarman a militares en Bolívar (Fotos y video)

Indígenas pemones Urimán en Bolívar detienen y desarman a 43 militares

 

   
Indígenas venezolanos detienen a 43 miembros de las Fuerzas Militares en el estado Bolívar
11.159 visualizaciones  8 feb 2013
Visítenos en http://www.ntn24.com - Integrantes de 12 comunidades indígenas, en el municipio Gran Sabana al sur de Bolívar, detuvieron y desarmaron a 43 efectivos del Ejército venezolano, en protesta por las acciones iniciadas en contra del ejercicio de la minería. Suscríbete para las ultimas noticias de tu pais: https://www.youtube.com/user/canalNTN...



Actualizada el 05/11/2023

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