Este 1ero de julio la agrupación de cantautores Verbigracia hará el recital “Canción contra el AMO” para presentar su primera producción musical en la Librería Lugar Común.
Al ser consultada la cantautora Robzayda Marcos Vera nos cuenta las razones de este trabajo:
“Danilo Angulo y yo no somos artistas de show, nuestras canciones nacen en la calle, en la experiencia de lucha por el derecho a la tierra de los pueblos indígenas y campesinos en Venezuela, en la lucha contra un modelo viejo de estado, exacerbado en los últimos años, que niega nuestras identidades y está para el servicio de todas las plagas de langostas corporativas que deseen expoliarnos, nacen de la disciplina que requiere el comprometerse con contar las historias que el poder quiere poner en el olvido”.
Verbigracia dedica este recital inaugural a los que luchan contra el proyecto extractivista etnocida y ecocida del Arco Minero del Orinoco (AMO) desde distintas posiciones y visiones “una convocatoria de alegría y afinidad para que la ausencia sea derrotada y todos seamos convocados para la acción creadora”. También rechazamos la nueva escalada extractivista y represiva contra los pueblos indígenas de Perijá y la Guajira.
“Cantamos también al amor y a la esperanza, y desde el amor interpelamos a una clase media urbana, cuyas reacciones nacen en el miedo y en la desesperación, a abrazar un nosotros (hace énfasis en esta palabra) que tiene todos los acervos para rehacerse mas allá del rentismo, el clientelismo y todos sus vicios, pero para lograrlo deben romperse los limites de una cultura cuyo signo es el egoísmo y el temor, el amor invita en nuestras canciones a aprender memoria, pero desde la memoria no estancarnos en la nostalgia de un pasado que nunca fue realmente bueno, hay que construir algo nuevo”.
Este disco se ha grabado de manera autónoma y falta poco para terminarlo y ponerlo digitalmente a disposición de los públicos, los productores y cantautores necesitan la ayuda de todos los que se identifiquen con las historias hechas canciones para terminarlo, este recital también servirá para pedir esa ayuda: “no le pediremos a ningún poder que nos apoye, pero nuestros iguales solidarios pueden ayudarnos, cada quien a su manera, así hemos logrado grabar y seguir diciendo cosas en este tiempo donde la supervivencia mata todas las iniciativas y eso es un milagro colectivo concreto”.
Robzayda nos dice que ellos se reafirman en la disciplina de seguir cantando y contando: “La vida sigue reafirmándose en medio de la adversidad en nuevas canciones, este disco es el trabajo de los años pasados vividos intensamente desde la lucha social, pero la experiencia misma de lucha nos reta a mostrar lo que hemos aprendido y lo que vemos ahora, lo nuevo que estamos aprendiendo de la gente que periste”.
Este recital ha sido posible a la ayuda de Provea, quienes ha realizado una serie de actividades con la Librería Lugar Común y su apoyo nos suma a esas experiencias creadoras agrega Juan Carlos La Rosa de laguarura.info, medio digital dedicado al registro y comunicación de las luchas de los pueblos.
Pronunciamiento de los pueblos Yekwana- Sanema y Pemón de la cuenca del Caura sobre el decreto número 2.248 del “Arco minero Orinoco” en el marco de la XX Asamblea General Ordinaria de la Organización Kuyujuani. Playón, 21 al 24 de abril de 2016.
Esta carta es elaborada por todas las autoridades legítimas de 49 comunidades Ye´kwana y Sanema participantes a la XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI, organización de base comunitaria indígena del poder popular ancestral, originario y tradicional de los pueblos antes mencionados, quienes acordamos en plenaria dirigir la presente comunicación en atención a las siguientes consideraciones y en consecuencia solicitar su actuación conforme a las leyes indígenas y de la República Bolivariana de Venezuela.
La XX Asamblea General Ordinaria reunida en la fecha 21 a 24 de abril de año 2016 en la comunidad El Playón se pronunció sobre el Decreto del Arco Minero que afecta directamente a las poblaciones de la cuenca del Caura y en especial las comunidades indígenas de los Pueblos Ye´kwana–Sanema y pemon el cual RECHAZAMOS DEFINITIVAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARCO MINERO EN NUESTRO TERRITORIOS y HÁBITATS.
En el caso particular del Caura y es de preocuparse los resultados de los estudios científicos del año 2010 y del 2011 reportan el impacto ambiental en nuestro territorio tradicional incluyendo, el incremento de contaminantes químicos y sedimentos en suspensión en el río Yuruani y en el río Caura, así como bioacumulación de mercurio en tejido muscular de los principales peces de consumo masivo por parte de nuestras comunidades indígenas, especialmente en niños, niñas y adultos mayores. El resultado de los estudios científicos reportan bio-acumulación de mercurio en tejido humano (cabellos) en miembros de las comunidades indígenas Ye´kwana y Sanema de la cuenca del río Caura.
La cuenca del río Caura tiene en su ordenamiento territorial vigente diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) incluyendo el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, Reserva Forestal El Caura, Monumentos Naturales Ichún-Guanacoco, Cerro Guiquinima y Zona Protectora Sur del estado Bolívar, los cuales consagran la protección y salvaguarda de los bosques, recursos hídricos, suelos agrícolas y demás recursos de la biodiversidad, regulando para ello el uso y aprovechamiento bajo normas de manejo con fines de desarrollo sustentable de las poblaciones autóctonas, indígenas y de la nación venezolana, prohibiendo taxativamente la actividad minera.
Para los pueblos antes mencionados consideramos que el Arco Minero es una violación de nuestro derecho legítimo a la salud y a un territorio seguro, propio y con calidad de vida.
Consideramos incoherente la decisión tomada sobre la política minera dentro de territorios indígenas desestimando los derechos indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde el año 1999, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el Convenio sobre los Derechos Humanos Universales, en la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, en la Ley Ordinaria de Demarcación de Tierras y Hábitats Indígenas y todas las demás leyes, convenios, pactos y tratados debidamente suscritos y ratificados por la República y de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades nacionales civiles y militares sin excepción. Las culturas Ye´kwana y Sanema dependen de los bosques, caños y demás ecosistemas y recursos naturales de la cuenca del río Caura para poder seguir existiendo, y como consecuencia de la actividad de minería ilegal en nuestro territorio se han dado los primeros impactos ambientales y de salud humana que constituyen pasos tempranos de un proceso que a nivel internacional se tipifica como etnogenocidio, el cual estamos a tiempo todavía de evitar
La conservación de los recursos naturales del territorio ancestral son fuente de alimentación y necesidades vitales manejadas desde nuestro origen, los cuales están en grave peligro por la presencia de la minería ilegal y el decreto del arco Minero del Orinoco. Yaajö Sawedi, nos dijo que cuidáramos a Atukaadoda (hierro), Adeumoiyana (agua), Enuujukuñamana (aire) como él los cuidó. Las tierra es fundamental para el pueblo Ye´kwana y Sanema, donde nace nuestro patrimonio cultural: educación propia, la cultura y garantiza nuestra seguridad alimentaria, la de nuestros hijos y futuras generaciones.
Exigimos que en representación de todas las autoridades legítimas de esta XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI, debidamente constituida, sea presentada en punto de cuenta ante el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y comunique por vía escrita a las demás autoridades del consejo de ministros y, en especial, al ministro de Defensa y a la Procuraduría General de la República.
Es el deseo expreso de esta XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI no al ARCO MINERO SI AL ¡BUEN VIVIR! en los territorios indígenas, solicitamos actuar conforme al marco legal previsto en la Constitución, las leyes, convenios, pactos y tratados de la República Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia exigimos que mediante la presente, el Alto Mando Militar y la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela también cumplan con sus obligaciones según dictan las Leyes.
La lideresa del pueblo pemón, Lisa Henrito, cuestiona el Arco Minero del Orinoco. Explica las razones de la minería de oro practicada por los indígenas en el estado Bolívar, al suroriente de Venezuela
La guerra de los pemones, los indígenas de Canaima que se enfrentan al gobierno de Venezuela
En medio del paisaje impresionante del Parque Nacional Canaima, los indígenas pemones luchan contra la pobreza y se enfrentan al gobierno de Venezuela.
Muchos se ven obligados a trabajar en las minas ilegales de oro, mientras el gobierno dice que estas minas causan un daño terrible al medio ambiente. Los pemones denuncian una creciente intrusión del gobierno en su territorio.
Al menos tres indígenas murieron en protestas desde diciembre. Decenas más resultaron heridos y otros fueron arrestados.
Guillermo Olmo, corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, viajó hasta allí.
CARACAS, 17 sep (Tierramérica).- La cuenca del río Caura, de unos cinco millones de hectáreas en el sudeste de Venezuela, comienza a afectarse por la minería de los "garimpeiros", buscadores de oro ilegales provenientes de Brasil, denunciaron organizaciones indígenas y ambientalistas.
"Un estudio a 1.174 indígenas yekuana y sanemá en la zona, hecho por la Fundación La Salle de Ciencias Naturales y la Universidad de Oriente encontró que en el cabello de 92 por ciento de esas personas había niveles de mercurio superiores a los normales", señaló a Tierramérica el especialista Alejandro Lanz, del no gubernamental Centro de Investigaciones Ecológicas.
Los indígenas de esas etnias consumen pescado supuestamente contaminado del Caura y sus afluentes, que bañan áreas protegidas en las que incursionan mineros que arrojan toneladas de mercurio por año, según denuncias de la organización indígena Kuyujani, apoyadas por la red ambientalista Ara. *Fuente: Inter Press Service.
La noticia es vieja pero el contenido del articulo no deja de ser interesante. Esperamos podamos evitar desastres como este en el futuro.
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Desde el pasado 04 de febrero de 2012 ocurre en Venezuela uno de los peores accidentes de toda la explotación petrolera en el país, cuando una tubería rota del Complejo Operacional Jusepín, estado Monagas, derramó una cantidad hasta hoy desconocida de crudo la cual se expandió 140 kilómetros, contaminando las aguas del rio Guarapiche, una de las principales fuentes de líquido de la ciudad de Maturín. El daño al afluente de agua fue de tal magnitud que obligó a la suspensión total del servicio tanto a los hogares de la capital del estado como a los diferentes centros de salud, además de la suspensión de clases en cinco municipios de la región. A pesar de la falta de información oficial, se estima que los daños al ecosistema son graves e irreversibles, dañando la producción de alimentos de la zona con la consecuente pérdida de las cosechas y afectando a decenas de pequeños y medianos agricultores.
Infografía descriptiva del suceso
El previsible cerco a la información, sin embargo, no ha tenido un contrapeso en la difusión de noticias por parte de un movimiento ambientalista y verde tan proactivo como articulado. Todo lo contrario. Una parte de las iniciativas ecologistas, que durante la década de los 90´s protagonizaron diferentes e importantes luchas, ha sido cooptado por el Estado bolivariano. Muchos de los viejos activistas hoy ocupan diferentes puestos de responsabilidad en el gobierno bolivariano, incluyendo el Ministerio de Ambiente. Además, siendo la estatal petrolera PDVSA la principal receptora de ingresos del país y la primera fuente de financiamiento de los programas sociales conocidos como misiones, ha inmovilizado el cuestionamiento de las consecuencias sociales y ambientales de la explotación de recursos minerales. Muchos de los “ecologistas” que durante la década de los 80´s y 90´s criticaban duramente la principal fuente de contaminación en el país, la actividad petrolera, tienen 12 años sumidos en un silencio cómplice. No fueron pocos quienes ingresaron a la industria tras la recomposición burocrática del año 2003, cuando casi 20.000 trabajadores de la empresa fueron despedidos tras el llamado “paro petrolero” de finales del 2002. Algunos, incluso, han intentado el malabarismo de teorizar sobre la existencia de un “ecosocialismo” basado en la profundización de la economía primario exportadora en el país. En la otra acera, sin embargo, el panorama no es más alentador. Algunas de las organizaciones ambientalistas más conocidas reciben financiamiento de las compañías transnacionales energéticas para proyectos de “desarrollo sustentable”.
Si se revisa el último directorio conocido de grupos ambientalistas en el país se podrá constatar que de un centenar de organizaciones, ninguna trabaja la afectación del medio ambiente producido por la extracción de minerales e hidrocarburos. Como un elemento adicional a la parálisis se encuentra la electoralización de la agenda de los movimientos de base venezolanos, los cuales mientras ocurre una de las peores tragedias ecológicas de los últimos años se encuentran movilizados casi exclusivamente en la campaña electoral de alguno de los dos bandos.
Pueden observar aquí los trajes especiales utilizados para recoger el crudo
En Venezuela no existe una discusión acerca de un proyecto de país posterior al previsible agotamiento de los recursos energéticos.
Bolivarianos y opositores se mantienen en una dura pugna por controlar la renta petrolera en el país, y sobre ella basan su oferta electoral. Las luchas de las diferentes comunidades indígenas, campesinas y de pescadores contra la contaminación energética se desarrollan de manera aislada y sin interlocutores en otras movilizaciones ciudadanas. Y como ocurre con la contaminación gasífera en la comunidad kariña de Tascabaña (estado Anzoátegui), Pdvsa realiza con impunidad el peor de los chantajes: Si los afectados y afectadas denuncian serán retiradas las diferentes misiones presentes en la comunidad.
El petróleo, gas, carbón y demás minerales venezolanos alimentan las calderas de la globalización económica capitalista. La expansión y arraigo de las empresas mixtas ha revertido la nacionalización de la industria, ocurrida a mediados de los 70´s. Centenares de familias humildes sufren diferentes enfermedades y alteraciones genéticas como consecuencia de la contaminación. Especies animales y vegetales son amenazadas de extinción por la deforestación de sus hábitats y la afectación de las fuentes de agua. Comunidades indígenas son desplazadas de sus tierras ancestrales y pierden su cultura debido al impacto de los enclaves carboníferos y petroleros. La cultura producto de la renta petrolera nos ha hecho un país cada vez más dependiente e importador, que alimenta los delirios estadocéntricos, la carrera armamentista y la militarización del país.
Cualquier proyecto de país debe basarse en un nuevo modelo civilizatorio, en el equilibrio entre el hombre, la mujer y la naturaleza, la justicia social y la libertad, sin la dependencia conocida de los combustibles fósiles para el desarrollo. Para ello deben existir movimientos sociales autónomos y beligerantes, especialmente los ecologistas y protectores del medio ambiente, como verdadera precondición del cambio.
