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jueves, 7 de noviembre de 2024

Declaración de las Academias Nacionales acerca la violación de Derechos Humanos en Venezuela a raíz del fraude electoral del 28J






Declaración de las Academias Nacionales sobre los derechos humanos

Las Academias Nacionales, en cumplimiento de nuestro deber de velar por los valores fundamentales de la sociedad y de pronunciarnos públicamente sobre asuntos de la mayor trascendencia que afectan la convivencia pacífica y el desarrollo armónico de la nación, emitimos la presente declaración conjunta en los siguientes términos:

Considerando

Que los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal, así como a la libertad de reunión, expresión, manifestación, asociación pacífica y participación política, son derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que el Estado está en la obligación de garantizar.

Que tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversos relatores de esa instancia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han expresado su preocupación por la situación actual de los derechos humanos en nuestro país.

Declaramos:

Nuestra preocupación ante los recientes acontecimientos que han sido objeto de denuncias documentadas por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales, especialmente en el contexto posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Nuestra profunda preocupación ante las acciones de persecución política, las cuales son incompatibles con el pluralismo democrático y representan una grave violación de los derechos humanos. Reafirmamos categóricamente que, en una sociedad democrática, la diversidad de opiniones políticas no solo debe ser tolerada, sino activamente protegida y fomentada.

Nuestro rechazo a las detenciones arbitrarias masivas, las cuales contravienen los principios fundamentales del Estado de Derecho  los tratados internacionales de los cuales el Estado venezolano es parte. Repudiamos las detenciones de menores de edad, y la circunstancia de que se les pretende imputar delitos  graves sin el debido proceso.

El ejercicio del derecho a la manifestación pacífica no debe ser criminalizado ni reprimido. Este derecho es fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática y su restricción
solo puede darse bajo condiciones muy específicas y limitadas, según lo establecen la propia Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes del Estado, para que:

a) Garanticen el respeto al ejercicio de la soberanía popular, como lo establece el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

b) Garanticen el respeto del derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica de todos los ciudadanos, sin restricciones arbitrarias, y especialmente sin someterlos indebidamente a procesos penales;

c) Garanticen el pleno respeto a la libertad personal y a la integridad física y psicológica de todas las personas, con especial atención a los menores de edad; y, por lo tanto, liberen de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones poselectorales, con particular urgencia en el caso de los menores de edad;

d) Aseguren plenamente el debido proceso legal de todos quienes se encuentren bajo investigación judicial, respetando sus derechos fundamentales.

Las Academias Nacionales, fieles a nuestra misión de salvaguardar los valores democráticos y fomentar la convivencia armónica en la sociedad, hacemos un llamado a todas las instituciones del Estado, para que se respeten, garanticen y protejan los derechos humanos de toda la población, recordando  que la paz y la estabilidad solo pueden alcanzarse en un marco de pleno respeto a las libertades fundamentales, al Estado de Derecho y a la voluntad popular expresada a través de  mecanismos democráticos.

En Caracas, a los 23 días del mes de octubre de 2024.


Academia Venezolana de la Lengua
Academia Nacional de la Historia
Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Academia Nacional de Ciencias Económicas
Academia de la Ingeniería y el Hábitat



Declaración de las Academia... by Dimitri Lipo










sábado, 2 de marzo de 2013

La Academia de Ciencias de Venezuela se pronuncia contra la entrega de concesión de exploración geológico-minera del país a la transnacional china Citic Group



POSICIÓN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS MATEMÁTICAS Y NATURALES ANTE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EMPRESAS FORÁNEAS PARA LA EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES


Los trabajos y las investigaciones en las Ciencias de la Tierra son claves para el bienestar de los habitantes de toda nación. Deben llevarse a cabo de manera continua, incorporando el trabajo ya realizado y las nuevas metodologías que surjan de la investigación, no sólo nacional, sino mundial. Un área puede haber sido estudiada pero el desarrollo de nuevos conocimientos representa la oportunidad de realizar nuevos hallazgos importantes. Esto significa que afirmar que “vamos a determinar, de una vez por todas los recursos minerales de un área o una región o un país” es una expresión de ignorancia de la naturaleza misma del trabajo y la utilidad de las Ciencias de la Tierra.

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    La Ley de creación de la Academia, que data de 1917, contempla la constitución de Comisiones Permanentes que se ocupen de “estudiar y someter a la Academia los informes de materias que sean sometidas a su competencia”. Una de ellas es la Comisión de Geología y Minería, la cual se complementa con el Comité de Asesoría Técnica en Ciencias de la Tierra que reúne destacados investigadores del área. Por ese motivo y en atención a la información aparecida en la prensa nacional relativa al contrato firmado por el Gobierno de Venezuela “en septiembre de 2012 con la corporación Citic Group de China que estipula el asentamiento de 27 campamentos geológicos en todo el país, durante 5 años, con 352 ingenieros que generarán los mapas para planificar la minería de la nación…”, la Academia hace pública su opinión al respecto.


    Las Ciencias de la Tierra son el conjunto de conocimientos necesarios para el uso y el manejo de los recursos naturales, la detección de los riesgos naturales y la minimización de sus efectos, la estimación de las secuelas de cambios climáticos y ambientales. Para cumplir su cometido, las ciencias de la tierra requieren de un proceso continuo de formación de profesionales e investigadores que provean información básica oportuna, relevante y utilizable. Nuestro país atiende a esas necesidades a través de instituciones gubernamentales como el Instituto Geológico-Minero Nacional (INGEOMIN) en el caso de la cartografía geológica, geofísica y geoquímica, y en las universidades en actividades de investigación, docencia y prestación de servicios.


   Los trabajos y las investigaciones en las Ciencias de la Tierra son claves para el bienestar de los habitantes de toda nación. Deben llevarse a cabo de manera continua, incorporando el trabajo ya realizado y las nuevas metodologías que surjan de la investigación, no sólo nacional, sino mundial. Un área puede haber sido estudiada pero el desarrollo de nuevos conocimientos representa la oportunidad de realizar nuevos hallazgos importantes. Esto significa que afirmar que “vamos a determinar, de una vez por todas los recursos minerales de un área o una región o un país” es una expresión de ignorancia de la naturaleza misma del trabajo y la utilidad de las Ciencias de la Tierra. 


   La exploración y cuantificación de los recursos minerales no debe ser activada como una acción espasmódica a ser resuelta a través de contrataciones. Si bien servicios específicos de explotación en áreas delimitadas y con propósitos prefijados, es posible acometerlos con el concurso de empresas privadas nacionales o extranjeras, pero siempre bajo la estricta tutela de la organización responsable del estado. Hacerlo de otro modo, con empresas extranjeras, va contra la política de alcanzar la soberanía científica y tecnológica y representa un desconocimiento de la existencia y capacidad del personal venezolano que ha actuado en el pasado, que trabaja en la actualidad y que se prepara para hacerlo en el futuro.

Logo de Citic Group


   No se conoce ejemplo alguno de nación soberana que le haya encargado a compañías de otranación la integridad de esa actividad. En cambio, lo que se considera apropiado y provechoso es el intercambio de conocimientos, las visitas científicas, las pasantías de adiestramiento y la colaboración en proyectos de investigación. Cada nación debe ser la que conozca más íntimamente sus recursos naturales y en consecuencia, la que decida la forma de hacer uso de ellos. Explícitamente deben ser profesionales nacionales quienes hagan las interpretaciones de los resultados de las observaciones de campo y de los datos geológicos, geofísicos y geoquímicos y la conservación de las bases de datos que dichas investigaciones arrojen, de manera que la información se quede en el país y no sea aprovechada en nuestro desmedro.

   Venezuela dispone de una cobertura de mapas geológicos de escalas variables desde 1:25.000 a 1:250.000. Lamentablemente, el notable esfuerzo en el levantamiento geológico minero por parte del Ministerio de Energía y Minas, para después declinar a fines de los años ochenta del siglo pasado, subsistiendo con grandes dificultades sólo en la UCV, ULA, UDO y USB, que son las universidades nacionales que imparten estudios de estas disciplinas.


   La gran tradición venezolana en Ciencias de la Tierra está respaldada por más de un siglo de actividades de exploración e investigación de probada alta calidad. Por tanto consideramos innecesario y a toda luz, inconveniente, delegar estas actividades en empresas foráneas, sin haberse preguntado, por ejemplo, si actualmente está INGEOMIN profesionalmente preparado para dirigir esas actividades y si ha sido dotado del financiamiento para hacerlo. Igualmente hay que preguntarse si a las universidades se les ha asignado suficientes recursos para disponer de una infraestructura adecuada y reclutar personal de alto nivel, o si disponen de las facilidades para las imprescindibles -pero costosas- prácticas de campo.


   En nuestra opinión, si el Gobierno ahora ha decidido realizar y financiar un gran plan nacional de exploraciones geológico-mineras, antes de tomar la decisión de contratar esa actividad con compañías foráneas, ha debido convocar a los profesionales de más alto nivel en el área con que cuenta el país, tanto de los institutos de investigación, como el de las universidades nacionales y los de la práctica profesional privada. Son ellos, no cabe duda, quienes deberían aportar su experiencia y conocimiento de las geociencias del país, para acometer tanto las actividades de campo y laboratorio, como para la formación de nuevas generaciones de profesionales en el área, preferiblemente dentro del marco de una política clara para el desarrollo del sector para los próximos decenios.


   Por lo antes expuesto, la ACFIMAN hace un llamado para que se rescinda el contrato suscrito con el GRUPO CITIC, que pone en riesgo altos intereses estratégicos del país, no propicia el verdadero desarrollo sustentable, va en desmedro de la calidad de la ciencia nacional y de nuestras instituciones y la utilización plena de la capacidad de los profesionales venezolanos.


       Claudio Bifano         Antonio Machado Allison
Presidente                       Secretario