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domingo, 10 de octubre de 2021

Algo que tenemos bastante olvidado: Solidaridad es la clave de las metas del milenio



Imagen tomada de Cambio 16.





Solidaridad es la clave de las metas del milenio



Por Nassir Abdulaziz Al-Nasser *

De todos los desafíos de nuestro tiempo, garantizar la seguridad alimentaria es primordial, afirma el presidente de la Asamblea General de la ONU, el qatarí Nassir Abdulaziz Al-Nasser.


NACIONES UNIDAS, 19 dic (Tierramérica).- La experiencia indica que la cooperación Sur-Sur y la triangular, respaldadas por un adecuado financiamiento, son herramientas cruciales para dar respuesta a los desafíos de desarrollo de nuestro tiempo.

La cooperación Sur-Sur solo complementa, no reemplaza la Norte-Sur. Todas estas asociaciones son pertinentes ante los retos de la economía global y el desarrollo sustentable.

Y de todos ellos, garantizar la seguridad alimentaria es primordial. Casi 925 millones de personas en todo el mundo se van a dormir con hambre cada noche, y la gran mayoría están en el Sur del planeta.

La comunidad internacional ha sido capaz de reducir considerablemente esas cifras, pero queda mucho por hacer en los próximos años.

Nuestra resolución para observar críticamente las estrategias contra la inseguridad alimentaria demostrará nuestra solidaridad con esas poblaciones vulnerables.

Las observaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desarrollo sustentable, incluyendo el cambio climático, la biodiversidad y la desertificación, dejan en claro que debemos ser más vigilantes.

Necesitamos ampliar la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles a la inseguridad alimentaria.

Con ese fin, podemos compartir lecciones aprendidas y difundir estrategias y tecnologías exitosas en el Sur para, entre otras cosas:

1. Mejorar la productividad agrícola.

2. Elevar la protección social y reforzar la resiliencia de los más vulnerables.

3. Administrar los ecosistemas frágiles.

4. Mejorar la nutrición.

5. Combatir las enfermedades.

Imagen tomada de La Lanza.



Estos enfoques deberían contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio (ODM), cuyo plazo se cumplirá en 2015.

También tendremos que atender la producción de energías renovables y modelos de agronegocio que funcionen para poner suficientes alimentos sobre la mesa.

Muchos países del Sur han sacado a millones y millones de personas de la pobreza extrema y el hambre.

Esos países tienen a su disposición suficientes conocimiento y capacidad técnica que pueden emplearse en mejores intercambios Sur-Sur de información, experiencias y técnicas con la visión de elevar la productividad agrícola y ampliar la distribución de alimentos para beneficiar a más poblaciones.

Por ejemplo, la Alianza Mundial de Tierras Áridas – Asociados por la Seguridad Alimentaria busca fortalecer la cooperación entre las naciones de territorios secos y ha desarrollado soluciones innovadoras y mejores prácticas que pueden compartirse ampliamente con países de todo el mundo.

Otro ejemplo es el Gran Muro Verde de la Unión Africana, cuyo fin es plantar un corredor de árboles a través del continente, desde Senegal en el oeste hasta Yibuti en el este, para dar respuestas simultáneas a problemas ambientales y de pobreza, como la degradación y erosión de los suelos y el avance de la desertificación.

Tales iniciativas fueron concebidas para apoyar y complementar esfuerzos con el fin de lograr los ODM, en especial el primero, erradicar la extrema pobreza y el hambre, y el séptimo, asegurar la sustentabilidad ambiental.

Con la solidaridad Sur-Sur podemos aprender de los países que están reformando normas consuetudinarias y prácticas para que las mujeres tengan igual acceso a la tierra y a otros bienes productivos que contribuyen a la seguridad alimentaria. Así las mujeres se empoderarán y ocuparán el lugar que les corresponde por derecho en las sociedades.

La inversión en investigación agrícola es otra área importante de la cooperación Sur-Sur, que puede ayudar a financiar mejor los estudios sobre cultivos tropicales de los que dependen millones y millones de pobres.

Los acuerdos entre instituciones agrícolas líderes del Sur global darían un gran paso adelante en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para alimentar a sus ciudadanos, incrementar su producción y participar en las cadenas de suministro agroalimentario creadas para dar respuesta a la creciente demanda de alimentos de poblaciones en rápido crecimiento.

Como presidente de la Asamblea General de la ONU, tengo el compromiso de promover la cooperación Sur-Sur y triangular como una parte importante de una unificada asociación global.

Solo tal asociación, basada en el diálogo abierto y el mutuo entendimiento, puede lograr una acción colectiva eficaz en un mundo globalizado e interdependiente.

* El autor es embajador de Qatar y actual presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Derechos exclusivos IPS.


Publica
do con autorización de Tierramerica

martes, 11 de abril de 2017

Mientras Venezuela da luz verde a un Arco Minero, El Salvador abre camino al mundo, prohibiendo la minería metálica


César Augusto Jaco, de una red ambientalista comunitaria, en una de las manifestaciones de apoyo a la aprobación de la ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador, al 29 de marzo, ante la Asamblea Legislativa. La medida, la primera de su tipo en el mundo responde a una larga lucha de los ambientalistas y comunidades cercanas a yacimientos. Crédito: Edgardo Ayala/IPS




SAN SALVADOR, 1 abr 2017 (IPS) - El más pequeño país de América Central, El Salvador, se convirtió en la primera nación del mundo en prohibir, por ley, la minería metálica en todas sus formas, sentando un precedente para que otros pueblos del mundo sigan el ejemplo, aseguran activistas y pobladores.

“Es histórico, estamos enviando una señal al mundo, de que los países pueden tener otros caminos diferentes y decir no a esa industria”, dijo a IPS el líder ambiental Edgardo Mira, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, un colectivo de organizaciones ecologistas.

Con 69 votos, de 84 posibles, los diputados de la unicameral Asamblea Legislativa aprobaron el miércoles 29 de marzo la ley, calificada de histórica, en que mediante 11 artículos prohíbe de tajo esa industria, ya sea subterránea o a cielo abierto.

Decenas de activistas se concentraron desde temprano ese día en la entrada de la Asamblea para exigir, en un ambiente de júbilo, el cumplimiento del acuerdo en favor de la prohibición alcanzado la víspera por los diputados en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, paso previo para la votación en plenaria.

“He visitado las antiguas minas que se explotaron en el siglo pasado, donde se ve claramente las secuelas dejadas, como el drenaje ácido en los ríos, eso pasaría en el resto del país”, apuntó a IPS el jubilado César Augusto Jaco,  del populoso barrio capitalino de Cuscatancingo.


Fuente: Aporrea


Sosteniendo un rótulo de fondo amarillo con la imagen de una calavera, en negro, este miembro de 76 años, de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador, subrayó, frente a la Asamblea: “la minería es nefasta, no concibo que no va a dañar nuestras fuentes de agua”.

El riesgo de dañar los mantos acuíferos ha sido uno de los frentes de lucha de los activistas ante la industria extractiva, que se sabe usa millones de litros del líquido para obtener el oro.

El Salvador es uno de los países con mayor vulnerabilidad ambiental, según organismos internacionales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial del Agua coinciden en que el país camina a una situación de estrés hídrico, explicó a IPS el investigador Andrés McKinley, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Fuente: Ecoscopio

La ley también veta el uso de cianuro, mercurio y otros metales usados en esa actividad. Otorga, no obstante, un periodo de gracia de dos años a las personas que se dedican a la minería metálica artesanal, para que puedan reconvertirse a otras actividades productivas.

Mira, de la Mesa Nacional, calculó que alrededor de 300 personas se dedican a ello, sobre todo en la Mina San Sebastián, en la jurisdicción de Santa Rosa de Lima, en el oriental departamento de La Unión.

La legislación es retroactiva y de ese modo cierra con candado los permisos de exploración que pudieran estar en trámite.

El informe “La Amenaza de la Minería Metálica en un Mundo con Sed”, elaborado por McKinley y publicado en 2015 por la UCA, documenta los casos de países donde se ha restringido la actividad, pero sin vetarla legalmente.


Fuente: Aporrea

Costa Rica, dice el documento, aprobó en 2012 una legislación que prohibió la minería metálica de cielo abierto, permitiendo la subterránea.

En 2002, agrega, el gobierno de la provincia de Mindoro Oriental, en Filipinas, aprobó una moratoria de 25 años para proyectos mineros, y en 2011, la provincia de Zamboanga hizo lo propio en cielo abierto.

En Estados Unidos, en 2014, la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA, en inglés) prohibió la apertura de la mina Pebble, ubicada en el estado de Alaska, para proteger el hábitat más extenso del mundo del salmón rojo (Oncorhynchus nerka).




Antes, en 1989, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, impuso 50 años de moratoria de toda actividad minera en el sureño estado de Amazonas. Pero eso no impidió la expansión de la minería ilegal en la selvática región y el gobierno actual revertió de facto la medida, permitiendo la explotación minera allí.

“El Salvador es el primer país del mundo que evalúa los costos y beneficios para el país de esta industria y ejercer su derecho a decir no”, acotó McKinley a IPS.

La aprobación de la ley fue producto de diversos factores que confluyeron para convencer a los parlamentarios de cumplir de una vez por todos con el largo anhelo de activistas y comunidades cercanas a yacimientos mineros, de vetar la industria manera.

Entre ellos, la presión tanto de las organizaciones ambientalistas que han luchado por años por ese objetivo desde hace más de una década, como de la Iglesia Católica, que hizo suya esa exigencia popular.

El 9 de marzo, el arzobispo de San Salvador, Luis Escobar Alas, encabezó una marcha contra la minería metálica que culminó en las afueras de la Asamblea Legislativa, para presentar el proyecto de ley elaborado por la UCA, el documento que fue la base para la ley finalmente aprobada.


Fuente: Aporrea

“La Iglesia Católica es un enorme poder en El Salvador, y su lucha junto a las comunidades no empieza este año, sino en 2007 cuando ya se posiciona, como Conferencia Episcopal, con su documento Cuidemos la Casa de Todos”, apuntó McKinley.

La ley es la culminación de años de lucha por parte de organizaciones ambientalistas y líderes comunitarios que se opusieron, sobre todo, a los trabajos desarrollados en la mina El Dorado, en el central departamento de Cabañas, por la compañía Pacific Rim, ahora OceanaGold tras ser adquirida en 2013 por esta corporación australiana-canadiense.

La compañía demandó a El Salvador por 250 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, siglas en inglés), luego de que en 2008 el gobierno de entonces, de derechas, le negara el permiso de explotación.

Los dos gobiernos sucesivos del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han mantenido desde el 2009 esa moratoria no declarada.


Fuente: Desde la plaza


En octubre del 2016, el Ciadi resolvió a favor de El Salvador, y falló que la empresa debe además pagar ocho millones de dólares en costos procesales, lo que la empresa no cumplió hasta ahora.

Y en un nuevo revés, ese tribunal determinó el 28 de marzo que la corporación pague además los intereses, a una tasa de entre dos y cinco por ciento mensual, por la mora en saldar la deuda en que ha incurrido desde octubre.

Esos fallos contribuyeron, también, a generar un clima propicio para la prohibición.


“Venimos en plan de celebrar el triunfo de nuestra lucha, celebración continúa allá en las comunidades donde la gente ha estado en resistencia”, señaló a IPS la coordinadora de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas, Rina Navarrete.

Agregó que el logro obtenido es una reivindicación al trabajo de “los mártires caídos en esta lucha en contra de la corporación minera”, en alusión a Ramiro Rivera, Marcelo Rivera (sin vinculación con el anerior) y Dora Alicia Sorto, ambientalistas asesinados por sicarios entre junio y diciembre del 2009, en ese poblado de Cabañas.

Naverrete, una madre soltera de dos hijos, residente en la localidad de Llano de la Hacienda, en Cabañas, retomó el trabajo del asesinado Marcelo Rivera.




Los activistas fueron presuntamente acribillados por su liderazgo contra las actividades de la entonces Pacific Rim en esa zona, aunque eso no quedó confirmado por las autoridades judiciales.

Editado por Estrella Gutiérrez


Publicado con autorización de IPS







martes, 3 de septiembre de 2013

Caracas solo tiene 1,4 metros de áreas verdes por habitante de los 14 recomendados por Organización Panamericana de la Salud


Zona vieja de Caracas. En amarillo el edificio "La Libera". Fotografía de Ivan Darío Hernández


CARACAS, ago (Tierramérica).- La capital de Venezuela, con un área metropolitana de 810 kilómetros cuadrados y unos cinco millones de habitantes, tiene la décima parte de las áreas verdes por habitante recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud.

La recomendación es de 14 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. "Caracas posee solo 1,4 metros, y la situación se agrava con la construcción de viviendas por parte del gobierno nacional en zonas de resguardo de avenidas como la Bolívar”, dijo a Tierramérica la bióloga Evelyn Pallota, docente de ecología y urbanismo en la Universidad Central.

CARACAS nocturna, y las Torres del Centro Simón Bolívar. Fotografía de Ivan Darío Hernández


Además “sólo el 11 por ciento de las áreas verdes están bien conservadas y acondicionadas con servicios”, indicó Yazenia Frontado, de la organización ambientalista Vitalis, en un foro por los 446 años de la fundación de Caracas.

Vitalis propone “un plan de incremento, recuperación y manejo de áreas verdes con técnicas fitosanitarias que incluyan desparasitado, riego y fertilización controlada”.


Publicado con autorizacion de Tierramérica 




miércoles, 8 de mayo de 2013

Indígenas de Ecuador siguen esperando que los consulten



Jefe de una familia huaorani, armado con sus lanzas tradicionales, recibe junto a su esposa e hijos a un grupo de turistas en la comunidad de Tigüino, dentro del Parque Nacional Yasuní.
Crédito: Eduardo Valenzuela G/IPS



Por Ángela Meléndez

Un proyecto de ley sobre consulta previa a pueblos indígenas sobre medidas legislativas no termina de definirse en el parlamento de Ecuador.




QUITO, 29 abr (Tierramérica).- La Constitución de Ecuador reconoció en 2008 amplios derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, como la consulta previa, que les da oportunidad de incidir en decisiones que afecten su vida.

Pero este derecho no está plenamente reglamentado, mientras sigue en debate el proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades.

El inciso 7 del artículo 57 de la Constitución garantiza la “consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente".

El texto constitucional también da a estas poblaciones derecho a "participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna”.

“Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley”, añade.

La base jurídica de la consulta también se rastrea en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Ecuador ratificó en 1998, y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007.

Pero recientes proyectos mineros y petroleros pusieron a prueba la voluntad del gobierno de respetar la consulta, y en alerta a las organizaciones indígenas.

El 28 de noviembre de 2012, cientos de nativos llegaron a Quito a protestar con grandes carteles porque no hubo consulta antes de convocar la XI Ronda de Licitación Petrolera, que puso a disposición de capitales privados yacimientos que contendrían 1.600 millones de barriles de crudo.

En ese momento, Domingo Peas, líder de la nacionalidad achuar, aseguró que “el gobierno dice que ha realizado consulta previa, pero esto no es verdad".

"Las consultas realizadas entre los pueblos y nacionalidades de las zonas de influencia son nulas porque su reglamentación no contó con participación de los pueblos y nacionalidades indígenas, no se respetaron sus métodos tradicionales de toma de decisiones y no se incluyeron procedimientos culturales adecuados, como el idioma", agregó.

En síntesis, dijo Peas, "no son previas, no son libres, no son informadas y se han desarrollado con mala fe".

El presidente de la influyente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, considera que el trabajo de las autoridades no es suficiente.

“La consulta previa está pendiente, todavía no tenemos los resultados que quisiéramos. Necesitamos que se apruebe la ley, con eso se avanzaría mucho”, dijo a Tierramérica.

El proyecto, de 29 artículos, se refiere a consultas sobre medidas legislativas y prevé cuatro fases: de preparación; de convocatoria pública e inscripción; de realización de la consulta, y de análisis de resultados y cierre.

De esta forma, el Estado determinará si un proyecto de ley afecta los derechos de cierta comunidad y luego la Asamblea Nacional legislativa convocará a una consulta prelegislativa que se ejecutará a través del Consejo Nacional Electoral.

Es clave que esta norma entre en vigencia, porque "garantizará a las nacionalidades indígenas su participación para decidir en futuras leyes que las afecten directamente, y así se evitará la falta de consensos", dijo a Tierramérica la legisladora nativa Lourdes Tibán, del izquierdista y opositor movimiento Pachakutik.

Una vez en vigencia esa legislación, se podrán abordar proyectos de mayor interés, como la ley de recursos hídricos, cuyo debate se pospone desde 2010 precisamente por la resistencia de los pueblos indígenas, que exponen una preocupación central: que lo que propongan en la consulta prelegislativa no sean incluido en la redacción final de la ley consultada.

Lo mismo ocurre con otras iniciativas legales, como la de culturas y la de tierras.

He ahí el meollo del conflicto.

Un año atrás, el presidente Rafael Correa advirtió en uno de sus mensajes sabatinos que las organizaciones no gubernamentales "buscan que la consulta previa sea consulta popular y que sea vinculante; eso significa que para dar cualquier paso, vamos a tener que pedir permiso a la comunidad".

"Eso es gravísimo, eso no dicen los tratados internacionales, no es velar por los intereses de las mayorías, sino de la unanimidad. Sería imposible gobernar así", advirtió.

Ante esta afirmación, las organizaciones indígenas buscaron blindarse, solicitando a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OIT que supervisen la aplicación de la consulta previa.

De hecho, comunidades indígenas ya echaron mano a alguno de esos mecanismos. En 2003, el pueblo kichwa de Sarayaku denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por autorizar exploración petrolera en su territorio, sin contar con una consulta previa.

La comunidad, ubicada en la provincia amazónica de Pastaza, denunció daños en su territorio, cultura y economía. En junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado.

El gobierno todavía estudia cómo pagar una suma de 1.398.000 dólares de indemnización por daños materiales e inmateriales, costas y gastos del proceso, y cómo terminar de resarcir el daño.


Reproducido con la autorización de Tierramérica


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miércoles, 19 de diciembre de 2012

Nuevo perfil y nuevo tratamiento para el Chagas







Por Estrella Gutiérrez

La enfermedad de Chagas puede contraerse por ingerir alimentos contaminados, en zonas urbanas y no necesariamente pobres. Investigadores venezolanos avanzan hacia su cura.



Luz Maldonado contrajo el Chagas por un alimento y en una zona urbana de clase media-alta de Caracas.
Crédito: Estrella Gutiérrez/IPS

CARACAS, 17 dic (Tierramérica).- El mal de Chagas, tercera enfermedad infecciosa de América Latina, cambia de rostro y se urbaniza, mientras un nuevo tratamiento abre una luz para millones de afectados.

El cambio de rostro lo ejemplifica la venezolana Luz Maldonado, una profesora de 47 años que hace cinco contrajo la enfermedad por beber un jugo contaminado, en un brote que infectó a 103 personas en una escuela de Chacao, municipio de clase media y alta de Caracas. Un niño murió y la vida de los demás se alteró para siempre.

Las microepidemias por contagio alimentario son nuevas y, según fuentes científicas consultadas para este artículo, agravan la virulencia porque miles de parásitos ingresan de golpe al torrente sanguíneo. Las mayores se detectaron en 2005 en Brasil, en diciembre de 2007 en Caracas y en 2010 en la cercana localidad de Chichiriviche de la Costa.

Maldonado convive con cefaleas, edemas y erupciones, problemas de articulaciones, pérdida de memoria, taquicardias, insomnio y depresión, en buena parte efectos colaterales de los medicamentos contra el parásito.

Detrás del Chagas está el Trypanosoma cruzi, un parásito unicelular transmitido por insectos hematófagos que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a entre 17 y 20 millones de personas en América Latina.

Además, casi 25 por ciento de la población regional está en riesgo de contraer la enfermedad, que mata anualmente al menos a 50.000 personas.

Según la OMS, el mal de Chagas es una de las 13 enfermedades tropicales más desatendidas, la tercera de origen infeccioso en América Latina, detrás del sida y la tuberculosis, y la parasitosis de mayor morbilidad e impacto socioeconómico en la región. Solo Uruguay fue declarado, a mediados de este año, libre del insecto que la contagia.

Las cifras son relativas porque muchos casos “nunca son diagnosticados", dijo a Tierramérica la jefa de inmunología del venezolano Instituto de Medicina Tropical (IMT), Belkisyolé Alarcón de Nola.


 

Esas personas no tuvieron síntomas o se achacaron a otros males. Mueren décadas después por un incidente cardiaco o cerebrovascular, sin vincularse al Chagas, dijo la médica e investigadora que coordina en Venezuela el seguimiento de los pacientes con ese mal.

Ahora "quedó superada la imagen de un mal rural y de pobres”, dijo. "Podemos tener casos en cualquier altura, latitud o estrato, y debemos modificar la manera de enfrentar a los vectores”.

La urbanización "invadió áreas silvestres de los vectores”, dijo Nola. Caracas, enclavada en un valle a 1.000 metros de altura, “tiene una especie de dedos verdes que se adentran en ella y que son las áreas más accesibles para que los vectores lleguen a las viviendas”, explicó.

Las talas y quemas de bosques "dejan con poca alimentación a los chipos”, como se llaman aquí los insectos transmisores, que en otros países reciben nombres como vinchucas, talajes, chinches, barbeiros, chirimachas, pitos o chichas.

“Tenemos vectores por todas partes y más con el cambio climático, porque cuanto más se calienta la tierra, más se favorece la producción de insectos”, abundó.

Habitualmente, los insectos infectados pican a la gente y al llenarse defecan allí mismo. La persona se rasca y así las heces ingresan al organismo por la picadura o por otros orificios, como los ojos, al llevarse las manos a ellos.

En Caracas, “existe un mal vector, el Panstrongyilus geniculatus, que es torpe y defeca tardíamente”, detalló Nola.

Pero ese "mal vector" se está adaptando. "Atraído por las luces de las viviendas en zonas urbanas y periurbanas, entra por las ventanas a las cocinas, merodea por utensilios y alimentos y evacua donde le place”, citó como ejemplo.

En la transición a la infección oral, “ha habido muchos pequeños brotes, muchos sin diagnosticar”, aunque ninguno como el de Chacao, “por ser plenamente urbano y por el número de afectados”, que consumieron jugo de guayaba con heces infectadas en la escuela municipal.

Dos tipos de cepas originan el mal de Chagas. Una afecta desde México hasta el norte de América del Sur y otra desde Brasil al extremo austral. Las primeras dañan sobre todo el corazón. Las segundas dañan además el esófago y el colon, detalló la doctora en parasitología del IMT.

Esta enfermedad tiene tres fases: la primera, aguda, de casos “con síntomas y cuadros muy floridos” y otros suaves o confundibles con otras dolencias. La segunda es indeterminada o asintomática.

En la tercera, crónica, "el tejido miocárdico se destruye y no se regenera, y es sustituido por tejido fibroso. El corazón aumenta de tamaño y su contracción ya no es efectiva, inyecta menos sangre al pulmón y cae paulatinamente en insuficiencia cardiaca”, explicó Nola.

Hay solo dos medicamentos indicados por la OMS para erradicar los parásitos: el nifurtimox, de 1960, y el benznidazol, de 1974.

Pero la erradicación es parcial cuando los parásitos se alojaron en tejidos profundos y en la fase crónica.

Además, el tratamiento crea daños colaterales. “Los que provocan más temor son los efectos neurotóxicos”, detalló Nola, “porque generan molestias de neuropatía periférica, con sensación de frío, de calor, los pies muy sensibles, grandes cefaleas", describió.

Pero los hallazgos de dos investigadores venezolanos, Julio Urbina y Gustavo Benaim, llevaron a Argentina y Bolivia a realizar pruebas clínicas basadas en sus experimentos, mientras en Venezuela “aspiramos a hacer un estudio piloto también”, afirmó Nola.

Benaim, jefe del laboratorio de señalización celular y bioquímica de parásitos del estatal Instituto de Estudios Avanzados, dijo a Tierramérica que el objetivo es “atacar al parásito sin afectar al humano, como hace el tratamiento actual” y “lograr drogas para la fase crónica, ahora inexistentes”.

El estudio se basó en una propiedad del Trypanosoma cruzi: no presenta colesterol en sus membranas, sino el esterol ergoesterol. "Si acabas con el esterol, que le es indispensable, acabas con el parásito", sentenció.

Existen medicamentos efectivos para inhibir la síntesis del ergoesterol, como el posaconazol, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, aunque solo para hongos con ese esterol.

Los investigadores vincularon esto con otro hecho clínico: pacientes chagásicos cuyas arritmias eran tratadas con amiodarona mejoraban sustancialmente. "La aplicación en los parásitos es bestial, el efecto es letal para ellos", detalló entusiasmado Benaim en su laboratorio.

La amiodarona ya se usa para tratar arritmias y 30 por ciento de los afectados por Chagas en Estados Unidos la reciben. “No es inocua”, pues contiene yodo, pero sus efectos secundarios son muy inferiores a los del tratamiento actual, según Benaim.

“Averiguamos el mecanismo de acción del posaconazol y la amiodarona; se sabía que ambos eran inhibidores de esteroles, pero demostramos que la amiodarona además trastorna la regulación del calcio de los parásitos”, explicó.

“Su combinación produce un efecto que se potencia, permite bajar las dosis y limita los efectos colaterales”, describió.

Otro nuevo fármaco contra la arritmia, la dronedarona, con menos yodo y más eliminable, se probó también en su laboratorio y “resultó muy exitoso, tiene más potencia y con efectos más rápidos” para aniquilar el parásito, reveló Benaim.

Un artículo sobre el nuevo tratamiento fue publicado en octubre en Nature Review Cardiology. Además del Chagas, puede funcionar en otras parasitosis, como la leishmaniasis.

"Un buen inhibidor de los esteroles puede acabar con esas enfermedades parasitarias, vistas como enfermedades de pobres, y desatendidas por ello", apuntó el científico venezolano. En esos casos "no es negocio investigar tratamientos, es la triste realidad".


Publicado con la autorización de Tierramérica

Tomado de Tierramerica 


Actualizada el 29/01/2024



domingo, 23 de septiembre de 2012

Minería informal afecta cuenca del río Caura en Venezuela



Río Caura: Antes y después de la devastación minera. Imagen tomada del blog  Grupo Literario Babandí




CARACAS, 17 sep (Tierramérica).- La cuenca del río Caura, de unos cinco millones de hectáreas en el sudeste de Venezuela, comienza a afectarse por la minería de los "garimpeiros", buscadores de oro ilegales provenientes de Brasil, denunciaron organizaciones indígenas y ambientalistas.



"Un estudio a 1.174 indígenas yekuana y sanemá en la zona, hecho por la Fundación La Salle de Ciencias Naturales y la Universidad de Oriente encontró que en el cabello de 92 por ciento de esas personas había niveles de mercurio superiores a los normales", señaló a Tierramérica el especialista Alejandro Lanz, del no gubernamental Centro de Investigaciones Ecológicas.


Tomado del blog del ilustrador Walter Sorg

Los indígenas de esas etnias consumen pescado supuestamente contaminado del Caura y sus afluentes, que bañan áreas protegidas en las que incursionan mineros que arrojan toneladas de mercurio por año, según denuncias de la organización indígena Kuyujani, apoyadas por la red ambientalista Ara.


*Fuente: Inter Press Service.


Tomado de Tierramérica


Publicado con la autorización de Tierramerica.


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